Foto Sebastián Comba / Cortesía FLIP
24 de Mayo de 2023
Por:
Diego Montoya Chica

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), aborda los desafíos más apremiantes para el periodismo colombiano de cara a los comicios de 2022. Asimismo, se refiere a los casos judiciales más sonados de ese frente.

"La campaña sucia se dará en la arena digital"

*Artículo publicado en la edición impresa de abril de 2021.

¿Usted considera que la prensa colombiana hoy está preparada para ofrecerle al ciudadano un cubrimiento independiente y crítico de la campaña presidencial que está en curso?
En elecciones se hace muy evidente la poca pluralidad de medios de comunicación de la cual sufrimos en Colombia. Vivimos en un ecosistema mediático muy cerrado y con pocas diferencias entre las líneas existentes; eso hace que no haya capacidad para enfrentar lo que usted plantea. Por otro lado, como muchos medios quieren ser plataformas digitales –más que medios estrictamente periodísticos– eso hace que haya un cubrimiento casi que minuto a minuto de la realidad, pero con muy poco –o nada– de análisis. Algunos medios de nicho sí lo hacen, pero su audiencia es muy limitada.

 

Ustedes no están para juzgar los modelos de negocio en los medios, ni la calidad del periodismo. Pero ¿cómo entiende la FLIP el fenómeno del clickbait y de la obsesión por las métricas?
Queremos apostarle a que las audiencias sean más críticas y tengan más herramientas de juicio en torno a todos esos fenómenos, que son como primos hermanos entre ellos: desinformación, clickbait, falta de credibilidad, noticias falsas, etcétera. Habrá que ver qué tan sostenibles son esos modelos en el mediano y largo plazo, pero más allá de eso, los medios se deben preguntar si su crisis es económica, o si también se trata de una crisis de identidad; si, quizá por eso, han desatendido la naturaleza de la producción de información periodística. Pero insisto: el enfoque debe estar en la audiencia, en la que hay un creciente número de personas que cuestionan la desinformación.

 

En una sociedad polarizada se consume mucha opinión, y, particularmente, aquella que es afín a las creencias propias. Al cabo de unos años, la ‘cámara de eco’ del vecino parece absurda, casi como una realidad paralela con la que no se tiene nada en común. ¿Cómo ve ese clima en Colombia, de cara a la campaña para las elecciones de 2022?
Estas elecciones van a ser inéditas por dos razones. La primera es, justamente, por esa polarización y por las dinámicas de las redes sociales –las ‘bodeguitas’, los hashtags, ese ‘blanco o negro’, ese diálogo de sordos–, que en las elecciones se van a acentuar. La segunda es la hipervirtualización producto de la pandemia: las campañas ‘sucias’ ya no se van a hacer con los famosos buses transportando votantes, ni con cerveza y aguardiente, ni con tejas, sino que va a estar volcada de lleno en las redes sociales y las plataformas digitales.

 

A veces, las redes sociales usurpan funciones del periodismo en lo que tiene que ver con la información y el debate. ¿Usted es partidario de que se modere, de que se limite la discusión online, sobre todo en cuanto a la propagación del odio y de las noticias falsas?
Ese es, sin duda, el tema que va a marcar los próximos 5 o 10 años de discusión sobre la generación y consumo de información. Las recientes elecciones en Estados Unidos marcaron un punto de inflexión porque no solamente se bloqueó a Trump en varias plataformas, sino que fueron más de 80.000 cuentas la que se removieron de Twitter y otras redes sociales. Entonces la pregunta ya no es si debe haber o no una mínima regulación –pues ya la hay– sino si esta debe venir del Estado, de las grandes corporaciones, o de quién. Desafortunadamente, aquí en Colombia, la manera en la que buena parte de los partidos políticos entiende este tema es desde la censura y el problema es mucho más complejo.

 

¿Cómo ve usted la propuesta del MinTIC según la cual el Estado podría financiar medios de comunicación?
Ahí veo dos cosas importantes: la primera, que Colombia necesita, de urgencia, una política pública para atender todos los problemas que hay sobre el periodismo y sobre la libertad de expresión. En ese frente, uno de los más profundos desafíos es que  hay 600 municipios – casi dos terceras partes del país– en los que no existen medios de comunicación que produzcan información local. La segunda es la crisis económica en el sector, que es profunda y que, si se sigue acentuando, impactará muy directamente en la libertad de expresión y hará más grandes esos ‘desiertos informativos’ que hay.

Esa iniciativa, entonces, podría ser acertada, en caso de que se trate de una política de Estado más amplia –no solamente de unos salvavidas económicos– y si tiene lugar bajo estándares internacionales. Porque el susto es que la medida mine la independencia de los medios. Y para que eso no ocurra, los recursos se tendrían que entregar tras llegar a consensos claros y bajo una estricta vigilancia de instancias independientes y con peso suficiente para hacerla. Ojo: esta recomendación debe ser entendida por el Gobierno como un beneficio para sí mismo, para blindarse; de no tenerse en cuenta, será fácil que le endilguen injerencia. Nosotros entregamos una serie de comentarios en ese sentido a ese borrador de propuesta.

 

 

Hablemos de algunos casos judiciales muy sonados en su esfera. Primero: ¿qué es lo trascendental de que un juez haya desestimado la querella que el abogado Abelardo De la Espriella instauró contra la periodista Cecilia Orozco por lo expresado en sus columnas?

Esa es una de las amenazas que avanza de manera más rápida sobre el periodismo en Colombia. En este país no existen periodistas encarcelados por expresar sus opiniones, pero ese camino se está pavimentando. De la Espriella ha publicado en sus redes una suerte de ‘receta’ para acabar con el periodismo que, supuestamente, busca mancillar la honra y el honor. Esa receta incluye demandas civiles para quitarles hasta el último peso a los comunicadores y estos, naturalmente, se asustan y no vuelven a investigar. Ese acoso judicial busca el silencio y eso es peligrosísimo. Hay que avanzar en leyes que protejan frente a ese tipo de estrategias, como sucede en Estados Unidos.

 

¿Cómo funciona en Estados Unidos?
Al hostigamiento con herramientas legales allí se le llama SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Y allí hay una ley anti-SLAPP.

 

¿Y cómo entender el caso de Vicky Dávila versus la Corte Suprema? La FLIP ha dicho que ese tribunal restringió la libertad de prensa. ¿Se trata de otro caso de SLAPP?
La decisión de la Corte tiene graves consecuencias en materia de libertad de expresión. Por un lado, porque Vicky no incurrió en ningún delito, y el proceso no prueba de ninguna manera que la directora de Semana haya tenido real malicia en su trabajo periodístico. Pero además, y esto debería alertarnos a todos, a medios y periodistas, es que la Corte realiza afirmaciones que buscan limitar la manera de hacer periodismo. La sentencia dice textualmente: “La periodista obró con falta de diligencia profesional, pues de manera inexplicable y totalmente inquisidora presionó, con ironía, sarcasmo en sus preguntas, encaminadas a presionar que un proceso disciplinario se acelerara al punto de apartar del cargo a un funcionario de la Policía". Estas afirmaciones de la Corte dan vía libre a una censura indirecta de los contenidos porque definen parámetros que deben seguir los periodistas frente a la forma y el estilo periodístico. Sugerir y establecer “métodos aceptables” para hacer periodismo es una forma de regular el oficio y limitar la libertad de prensa. 

 

Otro caso –quizá el más doloroso–, es el de Jineth Bedoya: ¿por qué cree que el Estado colombiano se retiró de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a mediados de marzo?
Es importante dar una mirada amplia a lo que han sido estos 20 años desde que empezó el caso, ese 25 de mayo del 2000, cuando ocurrió el secuestro, tortura y violación de Jineth. Lejos estuvo de acabar el sufrimiento de la periodista ese día: durante los diez años que siguieron hubo intimidaciones contra ella e incluso atentados, así como obstáculos en las investigaciones. En últimas, total impunidad en Colombia. Y luego, cuando el caso entró al sistema interamericano y se posicionó internacionalmente, y cuando hubo declaraciones por parte de figuras mundiales representativas, ahí sí se empezó a mover. Pero el desdén del Estado para abordar este caso persistió, y la constante desde su orilla ha sido la de negar su responsabilidad. En medio de esas constantes tuvo lugar esa audiencia, a la que el Estado colombiano llegó con una estrategia muy agresiva. Tanto así que, en la decisión que luego tomó la Corte, esta le expresó al Estado que su actitud había sido una especie de hito, algo nunca antes visto, y que la acusación por supuesta parcialidad y prejuzgamiento a los jueces había supuesto, en últimas, una intimidación, así como un intento de limitar su libertad de expresión. Otra cosa que parecería ser parte de la defensa estatal es desacreditar a la Corte Interamericana, y con ello se llevan por delante el caso de Jineth.

Recientemente, la estrategia esta tal viró a otra que parece hecha a cien ma- nos, sin un norte claro, en la que intentaron ofrecer la ‘zanahoria’ de una solución amis- tosa que no es creíble, ni fundamentada.

 

Escribió usted en una publicación reciente de la FLIP: “El Estado colombiano nuevamente ha apuntado sus armas, recursos y capacidad de intimidación contra los periodistas”. También escribió en esa misma columna: “La prensa se entiende como oposición”. ¿A qué se refería?
Entre los antecedentes de ataques contra la prensa que tiene el Estado colombiano, hay uno que se repite constantemente y es el del espionaje contra periodistas. La persistencia implica que no ha ocurrido a manos de unas ‘manzanas podridas’, sino que en las instituciones hay una intensión frecuente de conocer qué están haciendo algunos comunicadores. Y la capacidad de desarrollar estructuras internas con ese propósito habla del deterioro profundo que hay en algunas de esas instituciones, como ocurrió con el Ejército, pero antes fue el DAS, y antes la Fiscalía, con una unidad que no le respondía a nadie.

Con respecto a lo segundo: yo sí creo que este Gobierno o, por lo menos, algunas personas que rodean al presidente, realmente creen que una parte de la prensa los quiere atacar y destruir, y entonces así reaccionan. Pero quienes están en cargos de poder tienen que ser tolerantes con la crítica y respetar al periodismo, tanto el de aquellos que les gusta como el de los que no.

 

¿Lo que dice es, entonces, que el Ejecutivo actual es una de esas instituciones que antagonizan con la prensa?
Sí. Por un lado, hay una investigación de la Procuraduría contra Víctor Muñoz por las ‘bodeguitas’ y sobre cómo uno de los funcionarios de mayor rango fue quien ideó esa estrategia, dirigida –entre otras cosas– a atacar a medios de comunicación, periodistas y figuras críticas con el Gobierno. Por otro lado, el presidente terminó respaldando a Juan Pablo Bieri después de uno de los casos más flagrantes de censura en un canal público, y también fuimos testigos de cómo el Gobierno le pagó a una agencia de publicidad para que calificara –en positivo, negativo y neutro– a centenares de periodistas y opinadores. Y todo ello mientras se impulsa una máquina muy poderosa de comunicación institucional y de propaganda.
 

Otro de los entes con los que la prensa ha tenido conflictos es el Ejército. ¿La FLIP se ha acercado a la Fuerza Pública para capacitarla en su relación con la prensa y  los medios, de manera que haya un trabajo conjunto, en vez de únicamente un choque?
Con la Policía hemos trabajado desde hace seis años. En los cursos que toman los aspirantes en la escuela de policía, por ejemplo, hay un módulo de libertad de expresión que fue desarrollado con nosotros. Pero con el Ejército es mucho más difícil. Se han hecho algunos ejercicios, sobre todo después de 2013, cuando una sentencia de la Corte Interamericana obligó a que el Ejército tuviera una capacitación para sus soldados. Pero ellos han sido muy cerrados y es muy difícil entrar.

 

¿Cómo ve usted que haya reporteros que reciban agresiones en marchas feministas por ser hombres?
No se deben permitir las agresiones contra la prensa, de ninguna manera. Hay cubrimientos que tienen características y protocolos específicos, y a todos nos toca escuchar los argumentos de quienes realizan esos reclamos. Lo excepcional en este caso es que uno de esos reclamos es que no haya presencia de hombres en el cubrimiento, y eso es, de entrada, una limitante para muchos medios. Algunos de ellos están compuestos por una única persona, quizás un hombre en cuya agenda puede bien haber un interés por cubrir Derechos Humanos. Entonces, no puede haber restricciones, ni ataques, ni intimidaciones para el cubrimiento periodístico, y eso debe ser entendido por las manifestantes como una garantía de que su lucha se visibilice. Nosotros vamos a abrir unas mesas de trabajo en los próximos meses para tener esas discusiones.

 

El movimiento Me Too fue muy prominente en la industria del entretenimiento, pero no así en el periodismo. ¿Cómo ve la situación de las mujeres al interior de los medios de comunicación?
Hay que decir que la mayoría de las salas de redacción siguen sin ser espacios seguros para periodistas mujeres: se presenta acoso, hay estandarización de fuentes que deben cubrir las mujeres y de otros temas que no, hay problemas jerárquicos en estructuras en las que no se les reconoce de igual manera su trabajo, etcétera. El otro tema que me parece sumamente riesgoso –y que va en aumento– son los ataques que hay en redes sociales y entornos digitales contra periodistas mujeres. Hay una proporción grandísima de ataques por cuestión de género contra ellas y que no se hacen contra los hombres.

 

Una tercera parte de las amenazas a periodistas en 2020 se dieron contra quienes investigaban hechos de corrupción. ¿Investigar a un contratista es, acaso, más frecuentemente peligroso que rastrear a un grupo armado?
Sobre todo cuando se cubre corrupción local: meterse con un contratista, con una obra que no se terminó, con un alcalde, por ejemplo. Pero reportear crimen organizado es terriblemente peligroso también: por ejemplo, hablar de cuales son los grupos y las bandas del narcotráfico en el norte del Cauca es casi imposible, desde allá.

 

¿Cuáles son los sitios más peligrosos en Colombia para ser periodista?
Hay sitios donde ya no es que sea peligroso, sino que es imposible hacer el trabajo. Ocurre en lugares como Caucasia –en el Bajo Cauca–, pero también el norte del Cauca, el sur de Córdoba y en algunos municipios de Arauca como Arauquita y Saravena. Asimismo, en buena parte de los municipios de la Costa Pacífica. Y si ubicamos esos puntos ciegos en el mapa de la configuración de nuevos grupos armados y de la actividad de la droga, hay casi una dinámica paralela.

 

La FLIP, en cierta medida, depende de la información y del proceder de la Fiscalía para atender casos de amenazas y otros ataques a la libertad de prensa. ¿Cómo está la relación de la FLIP con la fiscalía hoy?
Con ellos hemos mantenido unas mesas de trabajo y hemos intercambiado información. Sentimos que es importante tener esos canales abiertos, y percibimos que, por parte de la Fiscalía, hay esa disposición. Sin embargo, nuestras alarmas se prendieron cuando los capítulos de Diana Díaz –la periodista que denunció a Juan Pablo Bieri y que luego fue investigada por el ente– y también el de la solicitud de hacer un allanamiento a la sede de la FLIP. A raíz de eso tuve una reunión con el fiscal Barbosa.

 

¿Y cómo fue esa reunión?
Estábamos en medio de esa compleja situación, pero el fiscal dijo que se había tratado de un error, que esa no era una intención por parte de la fiscalía, que respetaba el trabajo de los periodistas.

 

 

¿Y qué hay de la UNP?

La UNP está en mora de ese plan prometido de reingeniería. Y es urgente. Está pecando por tomar decisiones más políticas que técnicas, así como por opacidad, con lo cual pierde legitimidad frente a sus benefactores. Creo que hay una mejor voluntad por parte de este director, pero eso no se traduce en decisiones más transparentes ni que muestran mayor agilidad: hay casos en los que llega un periodista con una amenaza y la decisión se termina tomando seis meses después.

 

*Publicado en la edición impresa de abril de 2021.