17 de octubre del 2021
23 de Junio de 2021
Por:
Juan Camilo Restrepo*

Standard and poor's, una de las tres principales agencias calificadoras, le ha retirado a Colombia ese distintivo. Es una mala noticia para el país, pero no es el fin del mundo. 

 

¿Qué tan grave es perder el grado de inversión?

LO GRAVE no es tanto perder el grado de inversión. Lo verdaderamente grave es dar motivos para que, con razones válidas, las agencias calificadoras nos empiecen a retirar esa condición en los meses venideros, como acaba de hacerlo Standard and Poor’s.

 

Pues, en el fondo, ¿qué es un grado de inversión? No es otra cosa que contar con un aval de las agencias calificadoras que certifican ante fondos de inversión y grandes inversionistas institucionales que acostumbran a mantener parte de su portafolio en papeles de países en vía de desarrollo, que pueden hacerlo con tranquilidad porque la salud financiera de los países emisores es sana y no presentan síntomas inquietantes hacia el futuro para honrar sus obligaciones.

 

Existen algunos inversionistas institucionales que tienen prohibido invertir en papeles que no cuenten con la calificación de inversión. Otros sí pueden hacerlo, pero exigen al emisor tasas de interés más altas que las que demandan a los que están dotados de ese aval de las calificadoras de inversión. En general así se comporta el mercado: el que cuenta con el aval de estas agencias tiene acceso al mercado de sus propios bonos de deuda pública a costos menores que quien no tiene dicho aval.

 

Dicho lo anterior, se entiende que lo grave no es perder el grado de inversión, sino incurrir en indicadores válidos que ameriten que se niegue dicho grado. Para un país como Colombia perder el grado de inversión no es tampoco el fin del mundo. Tenemos y seguiremos con acceso a las ventanillas de crédito de las agencias multilaterales, comenzando por el FMI con el cual disponemos de una línea autorizada por más de 16.000 millones de dólares de la cual apenas hemos utilizado un tercio. Podemos tocar la puerta, dado el caso, de las otras entidades multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF.


Y en última instancia también es factible recurrir al mercado privado de inversionistas de deuda pública, que, si no contamos con 
la calificación de inversión, nos van a cobrar más por suscribir nuestros bonos, pero no van a cerrarnos las puertas del crédito.

 

Afortunadamente nuestro país –con o sin calificación de inversión– tiene abiertas las puertas del crédito para sus bonos de deuda pública. A diferencia de otros países que, como es el caso actual de Argentina, tiene cerradas las ventanillas para créditos nuevos pues está refinanciando la deuda vieja que no ha podido honrar oportunamente. Lo que, por supuesto, no es el caso de Colombia.

 

Lo que sería verdaderamente grave entonces para Colombia es que se dieran unas condiciones tales que perdiéramos permanentemente el grado de inversión, no por el hecho de perderlo, repito, sino por lo que eso significaría.

 

Me explico: cuando se pierde el grado de inversión es porque hay dudas razonables de que el país en cuestión va a estar en dificultades para honrar los compromisos que está adquiriendo. ¿Y cuándo le surgen al mercado esas dudas? Cuando la proyección de sus números fiscales indica que va a seguir endeudándose más allá de lo prudente para mantener el nivel de gastos en el que está embarcado.

 

Esa circunstancia le podría sobrevenir a nuestro país en dos hipótesis: (i) que la reforma tributaria II –es decir, la que se está comenzando a tramitar en este momento después del retiro de la reforma fallida de Carrasquilla– no se aprobara; y (ii) si el nivel de gastos nuevos a los que se comprometa el Gobierno dentro de la negociación para levantar el paro llegase a ser de tal magnitud que desbordaran la capacidad fiscal del país, entrando así en una espiral infernal de endeudamiento adicional.

 

Veamos las dos hipótesis: la primera hace relación a la aprobación de una reforma tributaria cuyo recaudo debería rondar alrededor de los 15 billones. Cinco billones estarían dedicados a atender el programa de inversiones sociales que ya estaba delineado en la reforma Carrasquilla. Y algo así como 10 billones irían a estabilizar presupuestalmente las cuentas fiscales del país, es decir, para que no haya necesidad de seguir endeudándonos con desmesura para atender el tren de gasto público que ya traemos. El nivel de endeudamiento del país está llegando al 70% del PIB. Naturalmente, si esta nueva versión de la reforma tributaria no se concierta políticamente pronto –cosa que no hizo infortunadamente el ministro Carrasquilla y de ahí el lío que se armó y que llevó a la necesidad de su retiro– todo el gasto nuevo de la pandemia y del paro habría que financiarlo con nuevo endeudamiento. Sobrepasando, obviamente, el nivel que se da como razonable, que es del 70% del PIB. Nótese que este nivel se sobrepasaría también en la hipótesis, improbable por lo de- más, de que el Gobierno recurriera al crédito extraordinario del Banco de la República. El cual tendría un carácter claramente inflacionario.

 

La razón principal por la cual se nos ha retirado el grado de inversión por la agencia de calificación mencionada es que el proceso de ajuste fiscal ha estado muy lento, y la malograda reforma Carrasquilla no hizo más sino confirmarlo. A medida que siguen aumentando los compromisos de gasto no se observa paralelamente hasta el momento un incremento en las fuentes frescas y permanentes de recursos con que habrá de financiarse. De ahí la urgencia apremiante para que la reforma tributaria que está comenzando a concertar y a diseñar el nuevo ministro de hacienda vea pronto la luz en el Congreso de la República.



“La agencia mencionada nos retiró el grado de inversión porque el proceso de ajuste fiscal ha estado muy lento, y la malograda reforma de Carrasquilla no
hizo más sino confirmarlo”.



Naturalmente, los nuevos compromisos de gasto que la prolongación de la pandemia y el paro le están exigiendo a las finanzas públicas no podrá provenir solo de una nueva reforma tributaria. Habrá que organizar una canasta de fuentes que contenga, a la vez, junto con los recaudos estables que provea la nueva reforma tributaria, la venta de algunos activos públicos (la participación en ISA que aún tiene el Gobierno nacional, por ejemplo) y un mensaje muy rotundo de que se va a moderar y recortar el gasto publico innecesario.

 

La segunda hipótesis se daría si los compromisos financieros y presupuestales que el Gobierno adquiera para levantar el paro desborden la capacidad para atender esos nuevos gastos con ingresos tributarios futuros. Y se conviertan en la entrada a un endeudamiento adicional que, por supuesto, conduciría a la inestabilidad financiera del país.

 

Eso sería lo verdaderamente grave: más que el hecho de que las agencias calificadoras empie- cen a retirarnos la calificación de inversión como acaba de hacerlo Standard and Poor’s. Podemos vivir sin el aval de las agencias calificadoras. Con lo que no podríamos vivir sería en unas condiciones en las que la sostenibilidad financiera y macroeconómica del país se viera comprometida por la ocurrencia de cualquiera de las dos hipótesis que hemos mencionado, o de ambas.


*Exministro de Hacienda.


*Publicado en la edición impresa de junio de 2021.