María Victoria Calle: “La Justicia no tocó fondo”

Oriunda de Medellín y con hondas raíces en Risaralda, María Victoria Calle es abogada especializada en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, así como en Derecho Administrativo, disciplina en la cual obtuvo también una maestría.

Hoy es la presidenta (e) de la Corte Constitucional, el alto tribunal de Justicia que se encuentra en el ‘ojo del huracán’ por denuncias sobre la supuesta corrupción de uno de sus miembros, el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, quien se ha negado a renunciar y a quien la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió investigación preliminar. Calle responde aquí algunos interrogantes.

El debate apenas comienza.

¿Tocó fondo la Justicia en Colombia?

La Justicia es un valor que trasciende a los operadores jurídicos. Podría pensarse que ha tocado fondo en momentos históricos como el holocausto nazi, o en otros contextos de graves violaciones a los derechos humanos y ausencia de control estatal a los hechos violentos. Así que no compartiría esa afirmación respecto de la Justicia en Colombia.

Me refiero a la administración de Justicia.
El conjunto de jueces, tribunales y cortes, día a día resuelven pacíficamente los conflictos de los ciudadanos. Así que la administración de Justicia no solamente depende de uno o varios magistrados, sino del trabajo de muchos profesionales idóneos, desarrollado bajo las causas de la ley y un entramado de precedentes que limitan el margen de decisión de cada órgano. Por eso, tampoco creo que las denuncias actuales impliquen que la Justicia tocó fondo.

¿Podría Jorge Pretelt, como se ha dicho, “derrumbar el edificio de la Justicia”?

La Corte Constitucional no es el expediente Pretelt. Si esto puede decirse de la Corte, con más razón debe afirmarse en relación con el conjunto de órganos que componen la administración de Justicia. Pero aprovecho la metáfora para afirmar que no parece razonable tumbar el edificio para atender la humedad de una de sus paredes, sino buscar el remedio adecuado para cada uno de sus problemas. En ese marco, las cuestiones estructurales deben ser discutidas en el foro de la política, las de coyuntura ser objeto de investigación y juzgamiento oportuno y las de funcionamiento interno de un tribunal, definidas en su reglamento.

Cada día surgen nuevas implicaciones contra el magistrado Jorge Pretelt, ¿cómo pudo una persona con sus antecedentes llegar a la presidencia de la Corte?

Yo no conocía los “antecedentes” a que usted se refiere. Entiendo que hay denuncias sobre hechos que, de comprobarse, serían muy graves. Espero que se adelanten las investigaciones correspondientes de manera “pronta y cumplida”, como lo exige la Constitución.

¿Algunas columnistas de opinión se preguntan por qué votó usted por el magistrado Pretelt para la presidencia de la Corte, si estaba enterada de la denuncia del abogado Pacheco?

Voté por el magistrado porque en la Corte hay una convención en el sentido de que a su presidencia se llega estrictamente por orden de ingreso a la corporación. Eso se ha respetado siempre y me ha parecido que es una regla que debe respetarse porque evita, precisamente, el cabildeo. De lo contrario, cada año estaría un magistrado u otro haciendo campaña para elegirse y eso no tendría sentido. Ahora, me pregunta por qué conociendo los hechos voté por el magistrado. En realidad no los conocía de manera concreta porque nunca hablé sobre ese tema con el abogado Víctor Pacheco en el sentido de que me relatara directamente lo sucedido. Vino sí, unos días antes de la elección, un magistrado y me contó que a él no le constaba, pero que le habían relatado que supuestamente se estaba pidiendo dinero por la selección de una tutela. La versión que a mí se me contó era muy general y yo le dije a ese magistrado que había que poner al corriente al presidente de la corporación, y contarle al magistrado Mauricio González, que estaba en medio de esa situación. En tercer lugar, que había que oír tanto al ciudadano Pacheco como al magistrado Pretelt su versión de los hechos y hacer una constatación mínima de la veracidad de este asunto, porque ningún ciudadano en Colombia, y menos un magistrado, puede creer en todo lo que oye. La tercera razón por la cual voté por él es porque nunca me he saltado la fila de nadie y, además, porque me hubiera tocado votar por mí y eso es algo que me parece incómodo y, si se quiere, reprochable.

Aunque usted no hubiera tenido, como dice, una información detallada, la mala fama de Jorge Pretelt viene de antes. Se reveló en la radio que acostumbra maltratar verbalmente a sus colegas femeninas en la Corte –como a la magistrada Martha Sáchica y a usted misma, a quien le dijo una vez que era una ‘mamerta’–. Y hay algo que resulta curiosísimo: las tres magistradas de la Corte votaron por un tipo que las discrimina y las desprecia. Si no hubiera sido por ustedes tres, no habría salido elegido.

Margarita, a mí no me parece que uno pueda señalar que una persona lo discrimina o lo desprecia. Uno tiene que ser muy mesurado en la vida y al interior de la Sala Plena se dan discusiones muy fuertes. Hay personas que tienen un temperamento muy complejo, que en ocasiones rebasa los límites para dirigirse a otras personas. Yo no conocía de antemano a Pretelt sino que vine a conocerlo en las duras deliberaciones que tuvimos en Sala Plena.

No creo que un “temperamento fuerte” sea una excusa.

No, no lo disculpo, pero tampoco va con mi manera de ser calificar a un ser humano de una manera agresiva. Soy una mujer con bastante fuerza para discutir y lo hago categóricamente cuando estoy convencida de una posición, pero no voy a adjetivizar a un compañero.

Pero Pretelt ‘prendió el ventilador’ para ‘salpicar’ a sus ocho compañeros de la Corte y decir que habría otros magistrados incursos en problemas similares.

Las palabras ‘ventilador’ y ‘salpicar’ se usan a veces para crear en el lector la percepción de que una persona al hablar utiliza un instrumento para manchar a todo aquel a quien se dirige. Pero hay que diferenciar entre la seriedad de cada denuncia y la gravedad de las situaciones denunciadas. No creo que una estrategia de defensa basada en el desprestigio de los demás y de la Justicia como institución sea aceptable en un alto funcionario que forma parte de ella. En cuanto a “problemas similares” entre mis compañeros, me parece que es una generalización que no se debe compartir. Cada magistrado debe responder por sus actos.

¿Qué medidas tomará la propia Corte para recobrar su prestigio? Algunos piensan que quedó herida de muerte.

La denuncia de hechos que podrían configurar delitos o un distanciamiento del juez de la naturaleza de su función, afectan a la Corte y en consecuencia abre una reflexión interna acerca de qué aspectos deben depurarse para preservar la transparencia de sus actuaciones. Ya la Corte inició un proceso de actualización y reforma al reglamento interno bajo algunas premisas, como estas: 1) Fortalecer la prohibición de audiencias privadas; 2) Aumentar la publicidad de las providencias; 3) Incorporar una motivación mínima a la decisión de seleccionar expedientes para revisión; 4) Prever compromisos para colmar vacíos legales relacionados con los términos para fallar; 5) Notificar o comunicar sus sentencias.

Aparte de esa autorreforma, ¿qué otras medidas serían pertinentes?

La Corte ha solicitado a los órganos con iniciativa de reforma a la Constitución que evalúen la pertinencia de trasladar las funciones electorales que ejerce la Corporación a otros órganos del poder público y, mientras se discute este aspecto, ha decidido reglamentar el ejercicio de esta facultad.

¿Y en cuanto al tema ético?

Ese es un aspecto cardinal de la reflexión interna. Los estándares éticos que deben garantizar el comportamiento de los jueces, tanto en el ámbito profesional como en su vida personal, son los que aseguran la aplicación transparente de la ley y la renuncia a buscar privilegios en sus vacíos.

Jorge Pretelt se ha negado tercamente a renunciar. Si no lo hace, ¿quién podrá obligarlo?

Jurídicamente la renuncia es una decisión personal. Éticamente depende de una ponderación entre los intereses personales, la gravedad y seriedad de las denuncias y el bienestar de una corporación. Sin embargo, que una instancia lo obligue a hacerlo no es posible porque no está previsto en nuestra Constitución, de tal manera que se pasaría del ámbito de las razones, representado por el Derecho, al ámbito de la fuerza.

La investigación del caso la lleva la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que ha sido siempre considerada una especie de “rey de burlas”. ¿Cómo estar seguros de que esta vez sí se aplicará control y un dictamen ajustado a la ley?

No comparto ese calificativo. Por ahora es el diseño institucional con que cuenta Colombia para investigar a los aforados.

¿Estarían los restantes magistrados de la Corte dispuestos a someterse a indagación disciplinaria debido a que, conociendo los hechos, no los denunciaron sino cuando se desató el escándalo?
Todos los magistrados estamos dispuestos a hacerlo y respetamos la obligación constitucional de acudir ante la Comisión de Acusaciones para responder por las investigaciones que se inicien en contra nuestra, o a raíz de nuestras actuaciones. No comparto la afirmación de que las denuncias se presentaron solo cuando surgió un escándalo. Las personas que tuvieron conocimiento de los hechos estaban verificando la seriedad de las afirmaciones recibidas.

Hay quienes acusan al Fiscal General de ‘comprar’ magistrados en las altas Cortes, nombrando a varios de sus familiares en la Fiscalía.

No puedo hablar del tema por dos razones. Primero, porque la expresión en sí misma desconoce la dignidad, no de los magistrados, sino de las personas. Segundo, porque no me consta nada relacionado con el ofrecimiento de cargos en esa institución para incidir en las decisiones en las Cortes.

También se ha pedido la renuncia en pleno de todos los magistrados. ¿Es eso factible?

No es una opción que haya sido discutida en Sala Plena. Esa solicitud de algunos medios y columnistas debería responder a una pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de una renuncia colectiva si se toma en cuenta el papel de la Corte en la eficacia de los derechos y el control del poder?

Hay suspicacias en torno al momento en que la Fiscalía anuncia una investigación sobre bienes de la esposa de Jorge Pretelt. Al parecer, terrenos adquiridos por ella y vendidos luego a su esposo, según los fiscales de Justicia y Paz, fueron despojados a personas desplazadas. ¿Qué opina sobre esa denuncia?

No opino sobre suspicacias ni participo en estas. Tampoco puedo comentar las decisiones de la Fiscalía, pues respeto su autonomía. Sin embargo, cualquier denuncia sobre hechos como ese debe ser investigada y juzgada. Es un derecho de las víctimas de la violencia y un eje esencial de nuestra Constitución.

¿Cuál es el balance de la rendición de cuentas efectuada por la Corte?
Resalto la forma en que los distintos despachos unieron sus esfuerzos y aportaron los insumos esenciales para el informe, avanzando en la reflexión interna sobre lo que hacemos. La conclusión más importante es que la Corte ha continuado durante los últimos seis años su labor de defensa de los derechos fundamentales y control del poder, que caracteriza su jurisprudencia.

¿Cómo afectará este escándalo la legitimidad de la Corte para afrontar la difícil tarea de examinar posibles acuerdos de paz?

La Corte ejercerá sus competencias en los términos previstos por la Constitución y la ley. La legitimidad de la Corte no es equivalente a la credibilidad o aceptación de sus decisiones por el público. Por su esencia, las Cortes Constitucionales deben poder dictar sentencias contrarias a los deseos de las mayorías, plasmados en las leyes que dicta el Congreso, o providencias que la opinión pública rechaza. De no ser así, los jueces serían innecesarios y sus decisiones se basarían en las encuestas de opinión.

¿Es cierto que en la Corte Constitucional y, en general, en todas las altas Cortes hay un descarado cabildeo por parte de exmagistrados que al retirarse son contratados para representar grandes negocios?

La reflexión interna que le describí ha tenido como eje de discusión la necesidad de terminar con cualquier práctica de esa naturaleza.

¿De qué depende entonces?

De muchos factores. Si sus decisiones, 1. Se basan en la Constitución, la ley y los precedentes o, en otros términos, en el imperio del Derecho; 2. Si se sujetan y persiguen la satisfacción de principios de justicia, plasmados en el Derecho Internacional de los derechos humanos; 3. Si logran un nivel mínimo de aceptabilidad social, y 4. Si se construyen mediante una deliberación racional, cuyo resultado se vierte en la motivación de los fallos y se presenta al escrutinio público. Será el conjunto de esas decisiones el que sostenga la legitimidad de la Corte Constitucional, que se logra mediante actuaciones transparentes de los magistrados. Actualmente hay denuncias que cuestionan este último punto, acompañadas de una confusión entre popularidad y legitimidad. Pienso que las sentencias que la Corte ha dictado en sus 23 años de existencia, evaluadas desde los parámetros mencionados, la reflexión interna y un compromiso ético de los magistrados, son los elementos que pueden defender o preservar la legitimidad del Tribunal. «