17 de octubre del 2021
Foto Javier La Rotta
14 de Junio de 2021
Por:
Diego Montoya Chica

 

El consejero para la participación de personas con discapacidad responde a los cuestionamientos en torno a las funciones y el desempeño de la oficina que lidera.

 

 

“Esta consejería sí es necesaria”: Jairo Clopatofsky

 

El excongresista de origen cartagenero dirigió Coldeportes. Luego,
tras ser diplomático en Canadá, se lanzó en 2017 como precandidato a la presidencia de la república.
Foto Javier La Rotta 

Lo más posible es que todos seamos culpables, en algún grado, de asumir actitudes discriminatorias contra las personas con discapacidad, una franja poblacional que, aunque grande –más de tres millones de personas, según el DANE–, nunca ha escalado hasta las prioridades de la agenda pública nacional. Quizá seamos ese arquitecto que diseñó una institución sin suficientes recursos de accesibilidad, más allá de una que otra rampa para sillas de ruedas. O de pronto un alcalde que no tiene idea de cuáles son los siete tipos de discapacidad contemplados por la convención de los derechos humanos a este respecto, ni de cómo se reflejan en su propio municipio; incluso podemos ser ese ciudadano que, sin importar su elevado nivel educativo, usa las palabras “ciego” o “sordo” como metáforas peyorativas para cuestionar otras características de la gente. Y dado que es común que la política pública se alimente, indeseablemente, de la cultura social, es de esperar que las instituciones públicas colombianas no estén entre las más avanzadas del mundo en este frente.

 

Sin embargo, en alguna medida sería injusto saltar de inmediato a dicha conclusión: hoy en día sí existe un entramado de leyes, documentos e instituciones cobijadas en lo que se conoce como el Sistema Nacional de Discapacidad, desarrollado desde la aparición de la Ley 361 de 1997, precursora en ese frente. Pero ¿cuál es el papel, en ese sistema, de la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, creada en 2018 por el Gobierno actual?

 

“Yo debo articular todas esas piezas del rompecabezas, porque la normatividad está aislada”, sostiene Jairo Clopatofsky, el excongresista que hoy lidera dicho ente y que, desde sus primeros trabajos en el Capitolio, allá en los noventa, ha abanderado el trabajo por la población con discapacidad en las altas esferas del poder público. Sostiene que el Plan de Desarrollo del actual Gobierno incluye por primera vez metas en beneficio de esa población y que uno de sus frentes más difíciles de trabajo es “aterrizar” dicho Plan para las autoridades municipales. “Algunos periodistas han dicho, injustamente, que esta y otras consejerías no sirven para nada –dice–. Pero es que nuestro trabajo es difícil, silente y solitario”.

 

  • La rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad –algo así como una sombrilla de todos los entes y normatividad relacionados– estuvo primero en manos del Ministerio de Salud. Luego, pasó al Ministerio del Interior hasta que, en 2019, pasó a su Consejería. ¿No están asumiendo una responsabilidad que es como para los músculos del Ejecutivo?

Yo considero que el modelo es bueno y no creo que nos hayamos echado sobre la espalda funciones que no podamos cumplir. Por el contrario: el sistema rector sí debe hacer parte de la Consejería presidencial, y al estar yo en el consejo de ministros, el cumplimiento de las metas se hace más sencillo y expedito. Quizá le diría solo una cosa: yo tengo dos roles: como consejero presidencial soy el articulador de la política pública entre ministerios y como presidente del Consejo Nacional de Discapacidad trabajo esa política, que está dentro en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con las alcaldías y gobernaciones. El único correctivo que podría considerarse es que esas dos funciones no estén en la misma persona. Pero hay que decir que gracias a esa articulación hemos logrado cosas como que hoy tengamos más de 204.000 niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad en las escuelas públicas en todo el país, y que hayan crecido los subsidios y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). También gracias a ello se direcciona un 20 % del valor de las matrículas para garantizar educación eficiente y oportuna para la población con discapacidad. Esos son solo algunos ejemplos.

 

  • Algunas consejerías han sido tildadas de inútiles y burocráticas...

Eso es injusto. Nuestra población ha sido históricamente olvidada por el Estado como sistema, y por eso este Gobierno creó esta Consejería, Consejería que sí necesitamos. ¿Cómo es posible –por nombrarle otro ejemplo– que existieran 700.000 cuidadoras y cuidadores sin reconocimiento alguno, un problema que por fin atendemos con un proyecto de ley de origen congresional y que ya se encuentra para segundo debate? De hecho, creo que toca mantener la Consejería una vez se vaya el presidente o este consejero. Además, le cuento: 50 % de nuestros funcionarios son personas con discapacidad. Inclusive hay quienes tienen cuadriplejia y que son profesionales a quienes les brindamos el derecho de trabajar. Ah, y por otro lado, tenemos un presu- puesto que es, relativamente, de los más bajos.

 

  • ¿No hace falta un instituto nacional para la discapacidad, uno técnico, así como existen en otros frentes?

Este tema es tan social y conlleva tal vulnerabilidad que sí creo que el día de mañana podría haber uno. Yo lo pensé siendo senador: que no existieran únicamente los actuales dos institutos específicos –el INCI, que es para ciegos, y el INSOR, que es para sordos– sino uno solo que incluyera las siete discapacidades.

 

  • Ayúdeme a entender la demografía. La ONU ha dicho que en Colombia puede haber 5 millones de personas con discapacidad, mientras que el DANE dice que son 3 millones...

Hay varias cosas involucradas ahí. Por ejemplo, en el Censo de 2018, pudo haber muchas personas que no querían ser identificadas con tener una discapacidad, o sencillamente que tenían una prótesis pero no se les notaba. Por otro lado, los encuestadores no estuvieron bien preparados para hacer las preguntas correspondientes. El resultado, de todas formas, es que somos un poco más de tres millones de personas. Por su parte, la ONU habla de que entre el 10% y el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, entonces Colombia tendría, según esa proporción, unas cinco millones. Por eso es que el nuevo certificado nos va a dar un acercamiento mucho más certero, pero su consolidación puede durar incluso unos cinco años.

 

  • Hábleme de ese certificado de discapacidad, por favor.

Desde hace dos años venimos haciendo el proceso de certificación de la población con discapacidad. Para obtenerla, la persona responde unas preguntas y se determina su tipo de discapacidad y se valora qué puede y qué no puede hacer en su vida cotidiana.

 

  • Pero usted ha dicho que el 80 % de los colombianos con discapacidad viven en pobreza y que 50 % no saben leer ni escribir. ¿Cómo hacen para obtener ese certificado? Indudablemente, es un reto. Tenemos que llegar a los municipios, trabajar con la política pública de la mano con los alcaldes y gobernadores para que ellos también pongan presupuesto, para que certifique a más población con discapacidad y esto hace que se tome un tiempo.

 

  • Qué ocurrió una vez se declaró la emergencia sanitaria? ¿Hubo esfuerzos específicos por contrarrestar el impacto de la pandemia, por ejemplo, en los cuidadores?

Inicialmente tuvimos el problema de que las base de datos de nuestra población era muy precaria; de ahí la necesidad del observatorio que está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo y que va a proveer cifras precisas y datos medibles en cada uno de los municipios y territorios –a propósito: un decreto relacionado con ello está por salir–. Por eso, cruzamos una cantidad de datos. Por un lado, instamos a las personas con discapacidad a que se registraran en una base de datos de la secretarías de salud. Por otro lado, está el proceso de certificación que le comenté. Abrimos también unos correos de la Consejería, obtuvimos datos del Sisbén, del Departamento de Planeación Nacional y de Prosperidad Social, entre otras fuentes... imagínese el reto. Gracias a ello, detectamos 1'700.000 familias en las que por lo menos había una persona con discapacidad y se activaron ayudas para ellas.

 

  • El Plan Nacional de Vacunación tiene un enfoque diferencial pero distingue únicamente tres cosas: edad, comorbilidades y riesgo de contagio por profesión. ¿Se dejó de lado incluir a la población con discapacidad?

No se dejó de lado: con el Ministro de Salud abrimos dos sectores de la población con discapacidad que son los más vulnerables, para que estuvieran incluidas en la fase en la que se está actualmente, la III. Se trata la población con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual, todos estos dentro de los 16 y 59 años de edad.

 

  • Usted ha mencionado el tema actitudinal. ¿Qué es lo clave en términos culturales en relación con la discriminación de población con discapacidad?

Es que lo vivo yo mismo. Cuando voy por la calle en la silla de ruedas, la gente se mueve como si uno lo fuera a atropellar. Muchos piensan, erróneamente, que la discapacidad es una enfermedad e incluso que se contagia. Combatimos esas ideas, y también la lástima con la que se dice eso de “pobrecita” o “pobrecito”, pues se debe es valorar a la gente por sus potencialidades. Mire a la reina Daniella Álvarez: se le amputó una pierna y hemos visto cómo ha podido hacer mil cosas. Y tampoco se puede ir todo para el otro lado, en el sentido de que se vea a la persona con una discapacidad como un superhéroe. Por todo ello, nosotros cuando vamos a las regiones insistimos en que no se utilicen calificativos. Una persona con discapacidad es como cualquier otra. Y es que ese cambio actitudinal tiene que ocurrir hasta en las mismas familias.

 

  • Según MinSalud, las barreras para la movilidad para las personas con discapacidad están fundamentalmente en las calles (46 %), vehículos públicos (34 %), andenes (29 %), parques (25 %), centros de salud (17 %), lugar de trabajo (17 %) y centros educativos (14 %). ¿Por qué aún es marginal ver las adecuaciones físicas necesarias?

En realidad, hemos avanzado muchísimo en andenes, en sistemas de transporte, en los aeropuertos, donde hoy es normal ver los baños para personas con discapacidad... Desde la Ley 361 se estipularon las zonas azules y ahora vamos a sacar una reglamentación en torno a quiénes pueden usarlas con precisión. Y claro que nos falta mucho, pero mire por ejemplo a Transmilenio, que tiene esos puentes peatonales con rampa –justamente porque yo estuve ahí metido–. Asimismo con el asiento especial en los buses. Ahora, con respecto a los Planes de Ordenamiento: cualquier edificación que se haga hoy en día tiene que cumplir la norma, que es clara, y eso lo saben en cualquier curaduría urbana o dirección de planeación. En este Gobierno tenemos buenos proyectos de vivienda pensando en población con discapacidad.

 

  • Dijo que ha logrado que se creen cerca de 7.000 empleos a través del servicio público y 8.000 en el sector privado para esta población. ¿Cómo se generan esas oportunidades sin que sea como un ‘favor’ que se le pide al sector productivo? ¿Legislando mejor?

Es que no se trata de ningún favor: trabajar es un derecho de cualquier colombiano. Entonces toca hacer todo lo que usted dice y más, incluyendo asesorías, porque hay temores infundados: por ejemplo, es falso que haya que gastarse un dineral haciendo adaptaciones para emplear personas con discapacidad. Impulsamos leyes –por ejemplo aquellas que otorgan exenciones tributarias– y múltiples beneficios que incluyen los relacionados con licitaciones: si usted es un oferente ante el Gobierno nacional, puede anotarse hasta 10 puntos extra por tener contratadas personas con discapacidad.

 

  • Hablemos de derechos políticos. El Consejo Nacional de Discapacidad es quizá la instancia más importante de representatividad política a nivel nacional de las personas con discapacidad. ¿Usted considera que ese Consejo y sus miembros representan suficientemente a esa población?

Hay dos instancias claves en ese sentido. Por un lado, el Consejo tiene 28 delegados de los ministros y hay otros siete que son elegidos dentro de sus organizaciones, para que representen a las personas con los siete tipos de discapacidad que le comenté antes. Y adicionalmente, está el GES (el Grupo de Enlace Sectorial), que trabaja también con dicho Consejo y que es de orden técnico. Tanto Consejo como GES tienen que aprobar cualquier normatividad que pase por el Congreso. Por otra parte, yo llegué al Congreso en los noventa sin ningún tipo de normatividad especial como sí la tienen hoy otros grupos poblacionales. Y aún cuando no tenemos esa representatividad obligatoria –que algún día quizá se pueda considerar–, yo veo que en el Congreso hay gran aceptación y sensibilidad frente a este tema: se puede trabajar.

 

  • Por último, ¿qué diría que es clave para la población con discapacidad en el PND, además de las metas de educación y empleo?

Entre otras cosas, que plantea la creación del observatorio que le mencioné. Y son claves las metas de accesibilidad, no solo para las personas en silla de ruedas –como yo– sino para todas las siete discapacidades. Yo quisiera hacer énfasis en una idea: lo estipulado en ese PND lo vamos a necesitar todos nosotros de una u otra manera; no solo quienes hoy tengan una discapacidad, sino todos cuando todos lleguemos a la tercera edad. 

 

 

"¿Cómo es posible que existieran 700.000 cuidadoras y cuidadores sin reconocimiento alguno?". 

 

Artículo publicado en la edición impresa de junio de 2021.