El viacrucis de los importadores
Ya tenía yo claro que destilar en Colombia, como actor privado, es una gesta imposible o casi imposible. El monopolio estatal de la destilación no solamente es una herencia económicamente injusta porque inhabilita una veta con alto potencial en emprendimiento y generación de empleo —y digo “herencia” porque se remonta a tiempos coloniales—, sino que también es un lastre para nuestro desarrollo cultural. Porque la gastronomía, y dentro de ella la destilación, es cultura. Es lenguaje. Es un idioma de códigos estéticos y organolépticos utilizado para expresar rasgos grupales, historia local, sensibilidad comunitaria y relación con el ecosistema circundante. Y más allá de la bienvenida Ley del Viche de 2021—que reconoce, impulsa y protege este destilado de caña, elaborado por comunidades afro de la costa Pacífica—, los casos de destilación legal en manos de privados son poquísimos y muy luchados. Para la muestra está 472 Spirits, donde frutos insospechados de los Andes se usan para elaborar líquidos de alto perfil.
Pero los destiladores no son los únicos que protagonizan una proeza en ese frente, sino que los importadores también la tienen de para arriba. Consulté con Alejandra Parra, de Hobuch, la empresa que trae las maltas de Glenfarclas y ella me describió un verdadero berenjenal burocrático: “El registro sanitario puede demorarse más de un año; la tramitología para inscribir el producto en las rentas departamentales es inmensa; los documentos de importación son más complejos que aquellos que se solicita en otras partes del mundo…”, y algo que me pareció particularmente desventajoso: “Luego, después del Decreto 1816 de 2016, los impuestos no los pagas sobre el precio que tú manejes para tus clientes, sino sobre el precio promediado de venta al público en tiendas, bares y restaurantes. Es decir: el Estado investiga ese mercado y te hace tributar, entonces, sobre la cifra media que manejen tus propios clientes”.
John Jairo Blanco, de Eurovinos —que trae Kilchoman, ¿cómo agradecerle?—, coincide con Alejandra en todo lo anterior y a la dificultad de sacar el registro Invima le añade algo grave: este registro, dice, “queda a nombre del fabricante. Las empresas pequeñas hacen un trabajo de promoción de la marca y cuando los productos logran una evolución en el mercado, vienen las empresas grandes, hacen una mejor oferta de compra y la compañía pequeña sale del mercado”. Blanco ahonda en los alcances del monopolio estatal: “Es francamente absurdo que si mi empresa importadora está, por ejemplo, en Bogotá (Cundinamarca), y quiero vender en otro departamento, me toca casi que volver a importar mis productos porque cada gobernación tiene políticas y tiempos diferentes”.
“La Federación Nacional de Departamentos debería flexibilizar los procesos y unificar criterios para que la entrada de nuevos licores a las diferentes regiones no sean tan tediosas: ¡Que sea un solo proceso a nivel nacional!”, me comentó Sergio Quintero, de Caraan Spirits. Si él, junto con su socia Desirée Böhm, no se hubieran arrojado a más de un año de burocracia, Arran, un hito ‘whiskero’ en el mundo, no habría llegado al mercado colombiano como lo hizo hace pocas semanas, y con qué exito. El Arran 10 años y el Barrel Reserve no solamente son unos líquidos de primera, sino que nos enseñan de buen whisky: por ejemplo, vienen a 46 %, sin filtrado en frío y sin colorantes.
Un humilde llamado a las autoridades: una cosa es regular responsablemente, actividad bienvenida. Otra, muy distinta, hacerle la vida imposible a quien quiere trabajar con licor.
