Comparaciones odiosas...pero necesarias
PODRÍA DECIRSE que es una tradición colombiana, tan afincada en las costumbres nacionales como ciertas celebraciones o usanzas. Se trata de la práctica de presentar una propuesta de reforma tributaria cada 18 meses en promedio, algo que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en el Congreso de Colombia.
Las razones en cada caso son las mismas: el dinero que recauda el fisco no es suficiente para atender todas las necesidades de recursos. Cada administración exhibe una justificación distinta detrás de cada coyuntura, como ocurre en la presente oportunidad.
Ahora el motivo es apuntalar el gasto social, con el fin de mitigar el impacto que tuvieron las medidas adoptadas para limitar el avance de la pandemia sobre la realidad de mi- llones de hogares. De paso se busca mejorar la situación de las finanzas que quedaron muy maltrechas por cuenta de la emergencia que golpeó los ingresos estatales, justo cuando las necesidades aumentaron.
Dicho en plata blanca, el Ministerio de Hacienda habla de conseguir 15,2 billones de pesos adicionales a partir de 2022. Aunque parte de esos fondos vendrán de una mayor austeridad o del esfuerzo que haga la Dian para castigar a los evasores, más de dos terceras partes del total serán aportados por las empresas que verán la eliminación parcial de algunas deduccio- nes y un alza en su tarifa de renta.
En contraste, esta vez no habrá más gravámenes para los individuos, ni intentos de tocar fuentes como el impuesto al valor agregado. Debido a ello, no faltará quien afirme que la propuesta gubernamental equivale a una cirugía sin dolor para la mayoría.
PAÑOS DE AGUA TIBIA
No obstante, la pregunta es si la salida resulta suficiente para solucionar el asunto de una vez por todas. Al respecto, los expertos son categóricos y aseguran que no. Como afirmó en una columna el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía: “Aunque buena parte de los mensajes en la actual reforma se centran en lo que no se toca, el próximo año no habrá alternativa distinta a la de abordar otra vez estas difíciles pero inaplazables discusiones”.
El argumento de fondo radica en que el país no hace lo suficiente en la materia. Como lo acaba de poner de presente una reciente publicación de la OCDE llamada Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, el promedio de la proporción entre los impuestos pagados y el Producto Interno Bruto (PIB) en la región fue de 22,9 % para 2019.
Ese guarismo está casi 11 puntos porcentuales por debajo de la norma para los integrantes de esa misma organización en la que se encuentran las economías más desarrolladas del planeta. Y en lo que atañe a Colombia, el dato es inferior a la media latinoamericana: 19,7 % del PIB.
De tal manera, en la tabla de recaudos proporcionales nos encontramos en el último tercio, muy lejos del 33 % de Barbados o Brasil, aunque por encima del 13 % de Guatemala. Al respecto, no falta quien señale que Perú o México se encuentran incluso en una posición peor que la nuestra, pero los datos no mienten y confirman que al fisco colombiano le entran menos recursos que a la mayoría de sus pares.
Como si lo anterior no fuera suficiente, las cargas están mal distribuidas. Según Juan Ricardo Ortega, quien fuera director de la Dian, “Colombia recauda mucho de empresas y unas 3.600 compañías son las que llevan buena parte del peso”. Por el contrario “las personas naturales pagan un monto incomprensiblemente bajo que equivale a 0,3 % del PIB, mientras que en Estados Unidos esa proporción es unas 30 veces mayor, cercana al 10 %”. Y subraya: “Aquí solo los asalariados pagan impuestos de verdad, además de las grandes corporaciones listadas en bolsa”.
Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. En Brasil, lo que el Estado recauda directamente de los ciudadanos supera ligeramente lo que pagan las firmas. Pero esa es más una anomalía que una regla general en América Latina, en donde la tributación a la renta personal tiene un peso muy bajo sobre el total.
Tal es el caso en Colombia, en donde los tributos a la renta em- presarial más que cuadriplican los de los individuos. Esa relación es más alta que en Costa Rica, Chile o República Dominicana, para citar tres casos muy diversos. Además, va totalmente en contravía de lo que pasa en la OCDE, en donde casi el 75 % de lo que se recauda por renta sale del bolsillo de las personas y no de las empresas.
La creencia popular de
que las cargas tributarias son excesivas en
su conjunto no son ciertas.
SOLUCIONES IMPERFECTAS
¿Cómo se compensa lo que falta? A través de impuestos indirectos como el IVA o las contribuciones que paga el comercio exterior. De tal manera, los cobros a bienes y servicios representaron en 2018 la mitad de los ingresos tributarios en las economías latinoamericanas, mientras que para los integrantes de la OCDE la cifra fue de 32,7 %.
Sobre este tema, cualquier estudioso señalará que si bien es una fuente legítima, tiene un carácter regresivo pues el monto que cada uno paga es el mismo, independientemente de su respectivo nivel de ingreso. De ahí que hayan existido ensayos para compensar el IVA pagado a las familias más pobres, como sucedió en Colombia durante 2020.
Pero más allá de intentos de ese tipo, la reflexión que aplica para esta parte del mundo es que la creencia popular, en el sentido de que las cargas tributarias son excesivas en su conjunto, no es cierta, con unas muy contadas excepciones. Aparte de los empleados del sector formal, muchos individuos de altas rentas e importantes patrimonios logran mantenerse debajo del radar de las autoridades o sencillamente pagan tarifas muy inferiores a las que se observan en otras latitudes.
Debido a ello, es muy importante lo que se haga para combatir la evasión, calculada en el equivalente del 6,1 % del PIB regional por la Cepal, organismo adscrito a las Naciones Unidas. Si bien es cierto que ese faltante se da en todo tipo de obligaciones ante el fisco, la parte de renta representaría una parte sustancial del agujero.
No menos importante es el esfuerzo relacionado con la corrupción. La excusa de siempre, según la cual “yo no pago impuestos porque se los roban” se ha traducido en una deslegitimación de las diferentes estructuras tributarias. Los sondeos de Latinobarómetro comprueban que más de la tercera parte de los habitantes de la región considera que es válido hacer trampas para rebajar sus contribuciones fiscales.
Como consecuencia de los factores mencionados, se crea una especie de sin salida que viene con una enorme cuenta de cobro. Numerosos estudios han mencionado que una de las consecuencias de la crisis causada por la COVID-19 fue el aumento de la desigualdad, como resultado de la pérdida de millones de empleos.
Cerrar las brechas, en la que ya era una de las regiones más desiguales del mundo, se lograría cobrando impuestos y distribuyendo esos recursos a los ciudadanos y familias que están en la base de la pirámide. Pero eso será imposible de lograr si el recaudo es insuficiente y no se aplica la norma según la cual “quién más tiene, más paga”.
De regreso a Colombia, no hacer la tarea a pesar de la cerrada oposición de las personas a que les toquen el bolsillo, condenará al país al círculo vicioso de siempre: reformas que no solucionan el problema de fondo y que, en el mejor de los casos, permiten patear las dificultades hacia adelante. Por eso la tradición de propuestas tributarias cada 12 o 24 meses no parece que vaya a cambiar, al menos durante un buen tiempo.
*Exdirector de Portafolio.
*Artículo publicado en la edición impresa de agosto de 2021.
