Ilustración Istock
10 de Febrero de 2022
Por:
Luis Fernando Mejía*

 

El Director de Fedesarrollo argumenta por qué, lejos de ser mutuamente excluyentes, estas dos apuestas por el bienestar de los ciudadanos deben ser complementarias.

 

 

 

Asistencialismo y generación de ingresos: una falsa disyuntiva

LA CRISIS SANITARIA y económica de la COVID-19, que aumentó la tasa de desempleo del 10,5 % al 16,1 % de la población económicamente activa y la pobreza del 35,7 % al 43,4 % del total de la población, volvió a poner sobre la mesa la importancia de las políticas de asistencia social y generación de ingresos.




Una estrategia por parte del Gobierno consistió precisamente en ampliar los programas de ayuda social a los más vulnerables. Por ejemplo, se creó el programa Ingreso Solidario, una transferencia de $160.000 mensuales a hogares que previamente no recibían ayudas de ningún otro programa social. Como resultado de este y otros programas de larga tradición, como Familias en Acción y Colombia Mayor, en 2020 los programas sociales del estado transfirieron 10 billones de pesos a hogares pobres y vulnerables beneficiando a más de 8 millones de familias.

De acuerdo con los datos reportados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2021 hasta octubre, el promedio del subsidio mensual per cápita para las personas inactivas, aquellas que están por fuera del mercado laboral, fue de $40.600, el de los desocupados fue de $33.400, el de los trabajadores formales alcanzó $32.400 y el de los informales $37.200. Los datos también indican que la tasa de desempleo de la población que recibió cualquier clase de subsidio registró un nivel 2 puntos porcentuales superior al de la población que no recibió subsidios, lo que reitera la necesidad de medidas que faciliten el tránsito entre la recepción de los subsidios y la generación de ingresos en el mercado formal.


Justamente, en el frente de generación de ingresos, la estrategia más importante del Gobierno nacional consistió en el programa de apoyo al empleo formal, un subsidio de hasta 50 % de un salario mínimo por cada empleado para todas las empresas: micro, pequeñas, medianas y grandes, con el objetivo de evitar la destrucción del empleo formal. Si bien esta estrategia evitó una catástrofe mayor, no pudo revertir el deterioro del empleo observado en 2020, pues 2021 fue un año de recuperación económica, pero con un mercado laboral aún débil y una tasa de desempleo de 13,5 % en el promedio del año.

Dado este panorama, resulta evidente que el repunte de la economía no es suficiente para la generación de puestos de trabajo, a la vez que las políticas asistencialistas no garantizan el acceso a un ingreso alto y sostenido. Así, afirmar que la política económica debe escoger entre entregar subsidios a los ciudadanos de bajos ingresos o destinar estos recursos para promover la actividad productiva es un falso dilema. Siempre y cuando la política social se diseñe de manera adecuada y se ajuste a las necesidades del país, ambas medidas pueden coexistir y complementarse. La asistencia monetaria debe estar acompañada de otras políticas que abarquen aspectos como salud y educación, con el fin de que los subsidios tengan un mayor impacto en el mediano y largo plazo, logrando así terminar las trampas de pobreza y promoviendo la movilidad social.

En cuanto al monto de las ayudas, es importante que los subsidios no compitan con los potenciales ingresos laborales. La evidencia ha mostrado que en varios países europeos los beneficiarios prefieren vivir solo con el dinero que reciben del Estado, debido a que el monto de transferencias supera el salario mínimo mensual (Tanner & Hughes, 2015). Por otro lado, existen programas sociales que imponen como requisito que los beneficiarios estén empleados, para promover la autosuficiencia económica. No obstante, múltiples estudios revelan que esta medida no favorece los indicadores de bienestar, ya que la población pobre no cuenta con la formación necesaria para conseguir empleo (Gray et al., 2021). Con base en esto, es esencial que los programas de asistencia social incluyan una agenda de educación y capacitación para el trabajo, lo que incrementa su efectividad.

Aterrizando lo anterior al contexto colombiano, desde Fedesarrollo recalcamos la necesidad de implementar ciertas políticas delimitadas en un nuevo contrato social. Nuestra propuesta plantea la creación de una renta mínima para todos los hogares pobres, por un monto de $35.000 por persona, que no genera desincentivos a la participación laboral, y tiene condicionalidades para garantizar la asistencia al colegio y chequeos anuales de salud para los menores de 18 años. También proponemos un auxilio de pobreza universal para los adultos mayores, un seguro de desempleo para los trabajadores formales y la eliminación de los incentivos a la informalidad asociados a los costos de seguridad social. Esto debe estar acompañado de una mejora de la calidad de la educación, focalizada en la formación para los trabajos demandados por las empresas en el país.



Hacia adelante, otros mecanismos como un impuesto de renta negativo pueden evaluarse y adaptarse para el caso colombiano. Esto ya se desarrolló en Estados Unidos con el Earned Income Tax Credit, mecanismo en el cual las personas que ganan un salario de moderado a bajo y cumplen ciertos requisitos pueden ver reducida su carga tributaria e incluso recibir una transferencia por parte del estado para garantizar un ingreso básico en el hogar, una especie de subsidio de renta, en contraposición al impuesto de renta. El punto clave en este programa es un diseño que limite los incentivos a disminuir las horas trabajadas con el fin de recibir mayores ingresos por este beneficio.

Así las cosas, la asistencia social y el fomento al empleo pueden coexistir y representan un reto importante para el país. Las medidas implementadas producto de la pandemia constituyen una oportunidad para mejorar la política social, velando principalmente por terminar con las trampas de pobreza a través de políticas públicas integrales. Plantear falsas disyuntivas, como la necesidad de escoger entre el asistencialismo y la generación de ingresos, lleva a conclusiones inexactas sobre el quehacer de la política. Reconocer su complementariedad, por el contrario, nos permite corregir sus falencias y aprovechar plenamente sus beneficios.


REFERENCIAS

Bloom, D. y Michalopoulos, C. (2001) How Welfare
and Work Policies Affect Employment and Income
. Tomado de https://www. mdrc.org/publication/ how-welfare-and- work-policies-affect- employment-and-income

Gray, C., Leive, A., Prager, E., Pukelis, K. y Zaki, M. (2021) Evidence on the effects of work requirements in safety net programmes. Tomado de https://voxeu. org/article/evidence- effects-work-requirements- safety-net-programmes

Hannah, R. (2019) Dispelling the Myth of Welfare Dependency. Harvard Kennedy School. Tomado de https://epod.cid.harvard. edu/article/dispelling- myth-welfare-dependency


Tanner, M y Hughes, C. (2015) How European welfare discourages work. Tomado de https://www.politico.eu/article/ welfare-discourages- work-labor-market- employment-social-rights/ 

ECONOMÍA

* Director ejecutivo de Fedesarrollo.