27 de noviembre del 2021
16 de Noviembre de 2021
Por:
LAURA GIL*

Hay desde maximalistas del "todo o nada" hasta los que no ven de otra sino buscar el cambio desde adentro. Estando tan fragmentados ¿Será que tienen parte de la culpa de que Maduro siga en el poder?


Oposición venezolana: ¿Noqueada o de regreso al ring?

 

EL CHAVISMO le falló a los venezolanos; la oposición, también. A pocos días de las elecciones regionales del 21 de noviembre, prima la desesperanza. Atrapada en una dinámica de agresiones entre bando y bando, la ciudadanía parece resignada a la continuación del status quo. Le preocupa más la comida que la democracia. ¿Es el oficialismo el único responsable? No.

 
 

Se ha intentado todo en Venezuela. De golpe de Estado a intervención mercenaria y de participación en elecciones al boicoteo de los comicios: nada ha logrado desplazar al oficialismo del poder. Después de mucha hesitación, el grueso de la oposición decidió acudir a las urnas este fin de año. Lo hará en medio de la hiperfragmentación, el desánimo y los conflictos internos.

 

Están en juego 3.802 cargos: 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 curules legislativas y 2.471 cargos de concejal. Según la encuestadora Delphos, para julio, si bien 84,1 % de la población deseaba un cambio de Gobierno y 81,8 % pensaba que la oposición debía acudir a elecciones, solo el 53 % expresaba la voluntad de votar. Ni siquiera la concesión de Nicolás Maduro de entregar a la oposición dos de los cinco puestos que conforman el Consejo Nacional Electoral ha contribuido a devolver la confianza a los votantes.

 

Desde 1998, la oposición se ha movido entre los maximalistas que mantienen el discurso del ‘deber ser’, rechazan las vías institucionales para salir de la crisis y le apuestan a la presión internacional e incluso al uso de la fuerza, y los pragmáticos que consideran que no hay solución por fuera de la negociación y las urnas. Los grados de enfrentamiento entre estas facciones varían en el tiempo. Estamos en un punto álgido.

 

A este movimiento político le pasó lo del pastorcillo mentiroso. Empezó a denunciar fraude cuando aún el chavismo se imponía en elecciones relativamente justas y libres y ello demoró el reconocimiento internacional del deterioro democrático cuando el avance hacia la autocracia se profundizó. En las legislativas de 2005, consciente de la popularidad gubernamental, se retiró alegando un mal funcionamiento de los 'captahuellas', una denuncia que las misiones de observación internacional contradijeron. Aún hoy, en algunos lugares como el Distrito Capital, el Partido Socialista Unido de Venezuela lidera la intención de voto, según datos de la empresa Consultores 21.

El Gobierno de Maduro se levantó de la mesa de negociación en México tras la extradición de Álex Saab, pero lo cierto es que los diálogos no están oficialmente terminados. 

 

Así, con su ausencia, la oposición dejó la puerta abierta para que el oficialismo adoptara una reforma constitucional, habilitara al ejecutivo para legislar y cambiara las normas que rigen al poder judicial, electoral y ciudadano y todo sin siquiera una voz de protesta en la Asamblea Nacional. En 2010 no se repitió el error y la Mesa de la Unidad Democrática –MUD– obtuvo 67 escaños; en 2015, se quedó con la mayoría calificada de 3/5. Su inhabilitación en manos de un politizado Tribunal Supremo de Justicia en 2018 no tuvo nada de sorprendente.

Como era de esperarse, la elección presidencial de ese año no contó con la participación de la oposición. “El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia es solo un show del propio Gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”, afirmó la MUD. Nicolás Maduro ganó con casi 68 % de los votos en unas elecciones con apenas 46 % de tasa de participación. Más de 60 países se negaron a reconocer el resultado.

En enero de 2019, Juan Guaidó, en conformidad con el artículo 233 de la Constitución, que dirige al presidente de la Asamblea Nacional a suplir la falta absoluta de Presidente de la República, asumió la presidencia interina de Venezuela. Desde entonces, los venezolanos viven una realidad disociada: el país real de Maduro, con instituciones estropeadas y disminuidas, pero bajo control efectivo, que se enfrenta al de Guaidó, una construcción mental creada por vía jurídica. No en vano Henrique Capriles, exgobernador del estado de Miranda y líder de Primero Justicia, dijo: “Guaidó juega a ser presidente de Internet”.

A la amargura de estar bajo la bota del autoritarismo se sumó otra tragedia para el pueblo venezolano: la pandemia. De acuerdo con la ONU, Venezuela en 2020 ya se encontraba entre los países del mundo con más inseguridad alimentaria, situación empeorada por la emergencia sanitaria. 

 

Alfil de Leopoldo López, el fundador de Voluntad Popular encarcelado de manera arbitraria durante cinco años, Guaidó funge como uno de los maximalistas. Alentado por el amplio respaldo internacional y, en especial, impulsado por el Gobierno colombiano, Guaidó radicalizó su discurso. ¿Qué tiene para mostrarle hoy a los venezolanos? Nada.

 

Con acceso a dineros de las arcas venezolanas por fuera del país, la administración de Juan Guaidó no mejoró las vidas ni de los venelozanos dentro del país ni de los más de cinco millones que escaparon de la crisis humanitaria. Es más, la corrupción parece tan rampante como en el oficialismo: ha sido reportada en el Washington Post y hoy es evidente con el caso Monómeros, la empresa del Estado venezolano presente en Colombia. Todo indica que la oposición pretendió convertirla en su propio PDVSA.

Guaidó siguió apostándole a la abstención, negándose a que la MUD, convertida en la Plataforma Unitaria, participara en las elecciones legislativas de diciembre de 2020. Así, un chavismo sin contendores de peso recuperó la Asamblea Nacional. Pero, aún así, mientras la Plataforma Unitaria calificaba a las elecciones de fraude, un grupo de opositores reunidos en una formación llamada Alternativa Democrática obtuvo casi un millón de votos, es decir, casi un 18 %. Son mirados con desprecio por los maximalistas.

De hecho, poco antes de las legislativas de 2020, previa gestión del Gobierno de Turquía, el Gobierno de Maduro había liberado a 110 presos políticos con la demanda de que sus sectores participaran en las elecciones. Dentro de la Plataforma, se decía que algunos líderes solo aspiran a evitar la cárcel y no a recuperar la democracia. Lo cierto es que, considerándose legitimado por las urnas, Nicolás Maduro aceptó sentarse a negociar en México y la Plataforma, aún dividida, accedió. Desde el 13 de agosto de 2021, la mesa de México congrega a Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, La Causa R y Bandera Roja.

Según el International Crisis Group, los fracasados intentos de diálogo en Barbados y República Dominicana dejaron enseñanzas de valor: percepción de las posiciones y las líneas rojas del adversario, expectativas recortadas y dinámicas personales entre los miembros de las delegaciones. Con la mediación de Noruega, se acordó una agenda centrada en la reinstitucionalización y, como fruto de las primeras reuniones, se llegó a un primer acuerdo vinculado al acceso rápido a las vacunas y la defensa de la Guayana Esequiba, un área de alta concentración de recursos naturales reclamada por Guyana. Si bien no aborda puntos fundamentales del funcionamiento democrático, sí demuestra la presión que sienten ambas partes para mostrar resultados.

Si el rechazo de la comunidad internacional pone a Nicolás Maduro entre la espada y la pared, lo mismo resulta cierto para Juan Guaidó. La apuesta desesperada de los gobiernos occidentales de reconocer a un presidente de papel no prosperó. Guaidó no acercó a Venezuela a la democracia y la oposición no tuvo más remedio que viajar a México, aun cuando su más leal aliado, el presidente Iván Duque, se opusiera. Es verdad que, luego de la extradición de Álex Saab a Estados Unidos, el Gobierno de Caracas se levantó. Pero nadie ha certificado la muerte a este proceso.

Si Guaidó le apostó a operaciones mercernarias como Gedeón o a la intervención de Estados Unidos, ya debió darse cuenta de que las esperanzas no radican allí. Ni siquiera están en la investigación adelantada por la Corte Penal Internacional, que podrá demorar años en producir una acusación formal. Mientras tanto, antiguos aliados en la Plataforma Unitaria hoy reconocen el fracaso de la presidencia interina y están buscando desahacerse de él.

En este escenario de pocas alternativas, llegaron las elecciones regionales del 21 de noviembre. Guaidó se rehusaba a legitimarlas con la presencia de la Plataforma; Henrique Capriles exigía la participación.

Primero que sí, luego que no: abundaron los pronunciamientos contradictorios. Al final, la Plataforma Unitaria se decidió a participar. Sostuvo: “Entendemos que (las elecciones) serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres. Nos organizaremos, nos movilizaremos y nos fortaleceremos en unidad al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela”. Sin embargo, en medio de las tardías decisiones de participación, la oposición aún no ha acordado cadidaturas únicas que le permita, al menos, mantener las cinco gobernaciones que obtuvo en las elecciones de 2017.

Ellos dieron el paso. ¿Cómo convencer a los venezolanos y las venezolanas de darlo? Con instituciones poco confiables, presos políticos en las cárceles y recortes de libertades, no es fácil confiar en lo electoral, aún con despliegue de observadores internacionales. Votar en autocracia no es fácil. Pero quizás, para los venezolanos, sea el único camino para recuperar algo, así sea una pizca, de democracia.

*Politóloga colombo-uruguaya, directora de Lalineadelmedio.com.