JULIA MIRANDA: “Manejamos las basuras como un país absolutamente subdesarrollado”
¿A qué atribuye el golpe que recibió el Nuevo Liberalismo en las elecciones legislativas?
En el partido nos hemos echado bastante látigo. Sobre todo, fue muy duro para los del senado. Pero los resultados no fueron tan malos, en realidad, si se piensa que el partido duró preparando su campaña solo dos meses y medio, que las listas fueron hechas muy pronto y que tuvimos que arrancar sin plata. Eso sí, reconocemos que la campaña no se enfocó donde había mayores posibilidades de conseguir votos: la persona encargada de la estrategia decidió ir a sitios que no eran los más indispensables. También nos han dicho mucho que la lista cerrada para el senado habría sido un error. Por ejemplo, Mabel [Lara] habría podido llegar si no hubiera sido por eso.
Queda 1 % de los humedales que había hace 100 años en la capital. ¿Cuál es el primer y más delicado frente para protegerlos?
El primer rol lo tiene el POT, que los delimita y los declara como parte de la estructura ecológica principal, cosa fundamental por una razón: no existe la categoría de área protegida municipal, por lo que la alternativa es declararlos en el Plan de Ordenamiento. Eso ya está hecho, y este nuevo POT declaró dos más: ya no son 15 sino 17.
Lo segundo es la restauración de los humedales. Es una tarea ardua en la que, por ejemplo, a la empresa de acueducto de Bogotá le toca eliminar las conexiones de alcantarillado que descargan aguas residuales en esos ecosistemas. Hay también que sacar toda la basura y los escombros de ellos, así como recuperar el espejo de agua. La Secretaría de Ambiente debe acelerar los procesos de restauración de la vegetación nativa y propia de los humedales, así como los de proteger su fauna. Por ejemplo, al haber tanta basura, hay ratas —no los roedores silvestres, que también existen— y estas se comen los huevos de las aves, con lo cual alteran todo el balance.
El tercer componente es el ciudadano. Aquí es clave la educación ambiental, esa apropiación que es maravillosa.
Casi 70 % del agua que bebe Bogotá viene de Chingaza. Hoy se sabe que defender el agua de los páramos implica cuidar la Amazonía, que es la que trae el agua hasta los Andes. ¿Usted es optimista
o pesimista frente a la deforestación amazónica?
Es el principal problema ambiental que tiene Colombia, sin duda. Y tiene unas causas que ya están diagnosticadas, así como estrategias con fuerte cooperación internacional. Pero no se trata únicamente de llegar por la fuerza a encarcelar a los que están talando: la solución debe ser integral, y de ahí la necesidad de implementar el punto uno del Acuerdo de paz, el de la Reforma Rural Integral, para lograr gobernabilidad en esas zonas de Colombia, siempre sobre la base de mejorar la calidad de vida y brindar oportunidades a los campesinos.
El otro componente fundamental es la conservación de esos ecosistemas amazónicos, facilitarles resiliencia para que, a pesar de los embates, sigan teniendo la capacidad para proveer el agua. En ello, Parques Naturales Nacionales tiene tareas muy importantes.
Pero hay otro ecosistema que es clave y que pasamos por alto cuando hablamos de Chingaza y Sumapaz, y son los cerros orientales de Bogotá, ubicados entre esos dos Parques Naturales. Es un área protegida bajo la figura de reserva forestal protectora, pero está bastante a la deriva, sin gestión: ahí no hay guardaparques, ni cabañas para el control y vigilancia. Es responsabilidad del Distrito Capital hasta una cota y de ahí para arriba de la Corporación Autónoma Regional. Pero debería haber un esquema de administración del área que trabaje con la comunidad que vive en la parte alta, la misma que ha estado muy sola cuidando ese tesoro.
¿Los capitalinos podemos soñar con tener un Río Bogotá visitable y disfrutable, o eso es una utopía declarada?
Ahí hay un buen componente de control político porque hay una sentencia que adjudica responsabilidades a cada uno de los actores que contribuyen con la contaminación del Río Bogotá. Y es que, cuando llega a la ciudad, el río ya está muerto. Si bien Bogotá, con sus instituciones y empresa privada, tiene tareas concretas, también hay responsabilidades en municipios río arriba y río abajo: deben tener sus plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para lo cual la CAR ya ha hecho inversiones gigantescas. Es increíble: yo trabajé en Bogotá entre 2001 y 2003 y unas plantas ya estaban construidas, pero los municipios no tenían dinero para operarlas. Llevamos todos estos años y el río sigue muerto.
Y es que al agua solamente la limpia que le saquen las conexiones de vertimientos de aguas residuales —algo que, en parte, ha ido haciendo la empresa de acueducto— y que operen las plantas de tratamiento. En mi época, el proyecto que hizo Jaime Castro tenía seis plantas, pero se reformuló porque no había plata ni siquiera para la operación de la primera. Entonces quedaron dos: una en el norte y otra en el sur, que está en construcción.
En conclusión: se trata de voluntad y decisión política, porque si bien toma tiempo y recursos, la tecnología existe: Europa y Estados Unidos lo han hecho. Incluso hay diferentes niveles de recuperación según la plata que uno pueda invertir: si queremos quitarle los sólidos y los olores, por ejemplo, o si vamos a purificar el agua para que se pueda usar para riego, o incluso si deseamos que tenga uso recreativo.
¿Qué es lo que hace que las CAR sean tan vulnerables a la politización? Usted insistió en eso durante la campaña.
En mi criterio, tienen una debilidad en la forma como están conformados sus consejos directivos. En ellos tienen asiento todos los vigilados por la misma corporación: los alcaldes, los gobernadores y la empresa privada. De hecho, su director es nombrado por esas personas, que a su vez le aprueban el presupuesto y determinan las líneas de inversión. Si uno lograra que ese consejo fuera más técnico, la cosa sería distinta. Ahí también debería estar sentada la academia, así como expertos en temas ambientales y, naturalmente, quienes brinden soluciones financieras.
Usted criticó la extensión de permisos de circulación de vehículos viejos de carga tras la pandemia. ¿Cómo armonizar oportunidades de vida y el cuidado del medioambiente?
La crítica va a que el Estado está dando señales contradictorias frente al problema que tiene que enfrentar. En vez de facilitar la chatarrización o la renovación de los vehículos, la dificulta. Debe darle incentivos a la gente para que surta esos procesos, bajar impuestos e implementar créditos blandos. El sector petrolero y minero recibe subsidios y exenciones de impuestos, mientras que en este otro frente no se incentivan los cambios que se requieren para solucionar el problema de la calidad del aire urbano y los temas de cambio climático. Uno habla con la persona que debe “chatarrizar” y dice: “Si acaso tuviera la voluntad de hacer- lo, me demoro por lo menos tres años haciendo los trámites y me cuesta muchísimo dinero”.
Hay incentivos para comprar vehículos ecológicos, pero no tanto como en otros países, donde salen más baratos. ¿Cómo dar esa lucha cuando se está proponiendo eliminar exenciones en sectores pequeños, incluso el editorial?
En el Congreso sí se puede hacer, y mucho: se pueden buscar más incentivos, así como la llegada de nuevas tecnologías. Se puede incentivar el ensamblaje de carros eléctricos, híbridos y a hidrógeno aquí. Y además está el plano del transporte público: visité el taller de buses eléctricos de Transmilenio y es una maravilla. Pero a pesar del esfuerzo tan grande que ha sido tenerlos, suponen solo el 10 % de la flota. Aquí, como ocurre en el mundo editorial que usted menciona, no se están dando las señales correctas. Pasa algo parecido con el impuesto al carbono: se empezó a recaudar, pero no ha llegado la plata para el medioambiente, para las áreas protegidas, es decir para los temas a los que debe llegar. Es un incentivo correcto, con una implementación incorrecta.
Quizá la gente separaría mejor sus basuras en el hogar si confiara en que luego las autoridades le darán una gestión responsable. ¿Cómo ve usted ese problema?
Yo vi con mis propios ojos cómo en una gran cantidad de municipios —de la Costa, por ejemplo— recogen las basuras en camiones públicos y luego, sencillamente, las vierten en las playas y en los ríos. En el mejor de los casos, las depositan en lotes a cielo abierto. O simplemente está esparcida por todas partes: Colombia no tiene un sistema de recolección completo y cerrado para la separación y disposición adecuada de residuos. Es un país que hace parte de la OCDE, pero maneja sus basuras como si fuera un país absolutamente subdesarrollado. Tenemos que poner en su sitio una reglamentación con obligatoriedad para separar en la fuente, para recoger adecuadamente lo reutilizable y lo orgánico y para disponer adecuadamente lo que no tiene manera de reciclarse. Tengo la gran ilusión de que aquí se implementen los principios de la economía verde. Hay muchas herramientas que da la ONU para ello: eso ya está inventado, pero hay que ponerlo en un marco regulatorio y hacerlo cumplir.
Usted ayudó a incorporar la perspectiva ambiental en un POT de Bogotá, cuando trabajaba en el Distrito. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor en el POT de Claudia López?
Lo mejor es, justamente, el tema ambiental: amplió las áreas protegidas y creó algunas donde gobiernos anteriores habían propuesto zonas de expansión urbana, le puso límites de extensión a los bordes de la ciudad, el tema de la recuperación de los humedales es muy bueno... se tomaron en serio ese frente. Pero en el tema de la ALO por el norte considero que no se dio una discusión suficiente para evaluar alternativas, posibilidades técnicas diferentes a la planteada. Habría sido muy útil ese diagnóstico de alternativas que se presenta cuando los proyectos requieren licencia ambiental, y no solamente en el traza- do, sino también en el diseño mismo de la obra.
¿Cuáles han sido sus mayores aliados en la vida personal? Usted ha ocupado puestos de trabajar siete días a la semana...
Todos estos años de servicio público han sido de trabajo muy intenso, muchas veces sin fines de semana, jornadas largas y muchos viajes. Yo viajaba por lo menos dos o tres veces por semana. El mayor apoyo es mi familia: mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Eso hace que me sienta apoyada, nunca juzgada. Además, tengo la posibilidad de consultarles, de que me aconsejen, y en ello ya no es solamente mi esposo, sino también mis hijos, que son adultos ya. Tengo tres. El mayor tiene 37 años y es economista; la que le sigue es filósofa y comunicadora, y tiene 35; el menor tiene 32, y es abogado. Cuando ellos eran niños, el papá me ayudaba cuando yo no podía estar; ahora yo les digo “me voy: acompañen al papá por favor” (risas).
