Cinco modalidades de cómo se están robando a Colombia

Contratar y no cumplir

La modalidad más común de corrupción es apropiarse de los dineros públicos con contratos cuyas condiciones no se van a cumplir, o se cumplirán a medias. Uno de los casos más tristes, por la indolencia que implica, es el relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las alcaldías contratan un determinado número de raciones, con calorías mínimas, a cierto precio, para la alimentación de los estudiantes. Pero luego las raciones que les sirven a los niños no corresponden con lo contratado. En Cartagena, particularmente, en algunos colegios el pan que les daban a los niños eran residuos de la comida de la noche anterior. La otra modalidad es la de los alumnos fantasmas: un colegio contrata ocho mil raciones, pero la institución no tiene sino cuatro mil alumnos. El valor de las cuatro mil raciones para alumnos inexistentes, va a parar a bolsillos privados. La defraudación por estos delitos, que se han detectado en diez departamentos, sobrepasa los 10.000 millones de pesos.

Sobornar para ganar

Es el ejemplo típico de las famosas coimas. Se trata del pago de sobornos, por oferta del contratista o por sugerencia de los funcionarios, para resultar favorecido con un contrato con el Estado. El caso más reciente y más escandaloso de este tipo es el que relaciona a la firma brasileña Odebrecht con la carretera Ruta del Sol II. Para garantizar quedarse con el contrato, y para que le fuera otorgada la variante Ocaña-Gamarra, la constructora pagó cerca de cinco millones de dólares en sobornos.

Multiplicar los costos de un proyecto

Otra modalidad de corrupción es multiplicar el valor de los proyectos en los que participan, sin justificación alguna. Un ejemplo reciente es la investigación que cursa sobre Reficar. La modernización de la refinería de Cartagena, que en principio se calculaba en 4.000 millones de dólares, terminó costando el doble, por cuenta de la demora en las obras, pero también por un extraño cambio en la modalidad del contrato, que pasó del original “llave en mano”, que permitía controlar el gasto, a la modalidad de costos reembolsables, que propició una escandalosa fuga de dinero. Las autoridades investigan por qué Reficar terminó pagando más de 600.000 millones de pesos en facturas por bienes y servicios no prestados, subcontrataciones no autorizadas, gastos suntuosos no relacionados con el proyecto y equipos que no prestaron servicio, entre otras rarezas; y por el incremento en el costo de ciertos contratos que superaron el 100 por ciento.

Los recobros al sistema de salud

Desde que el sector de la salud tiene un organismo que administra sus recursos, siempre hay alguien que quiere quedarse con estos, engañando al sistema. Sucedió con el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), que fue reemplazado recientemente por el Adres. La Fiscalía investiga el detrimento de más de 17.000 millones de pesos por cuenta de cobros del sistema de salud por empresas que en realidad no existen y por servicios que nunca se prestaron.

Una modalidad similar es la que destapó al llamado Cartel de la hemofilia, un grupo de supuestos pacientes, en Córdoba, que reclamaron recursos para la obtención de un medicamento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, pero en realidad no padecían la enfermedad. La malversación supera los 42.000 millones de pesos.

El cartel de la toga

Lo peor que le puede pasar a la Justicia es que sus propios magistrados se involucren en el cobro de sobornos para fallar a favor de alguien. Y eso es, justamente, lo que está sucediendo con varios togados, entre ellos dos expresidentes de la Corte. Aún más grotesco es que el fiscal encargado de luchar contra la corrupción sea el señalado de cobrar esos sobornos a un grupo de congresistas, que eran investigados por la Fiscalía sobre sus vínculos con el paramilitarismo. Generalmente, esos sobornos son pagados gracias a la malversación de fondos. El principal imputado en este sentido es el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a quien la Fiscalía investiga como el presunto responsable de anomalías en el manejo del sistema de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología. La malversación supera los 10.000 millones de pesos, los cuales podrían haber sido destinados al pago de sobornos a los magistrados de la Corte Suprema para desviar una investigación en su contra. 

*Publicado en la edición impresa de octubre de 2017.