¿Minería en la Luna?
EN ARMAGEDDON, una película de 1998, Bruce Willis, dueño de una empresa de perforación petrolera, aterriza en un asteroide para agujerearlo y así cambiarle la trayectoria que lo ponía en colisión con la Tierra.
La ciencia ficción se convirtió en realidad: la explotación de la Luna está cada vez más cerca y se abren oportunidades de negocios para los Estados visionarios. El sector privado comienza a hacer cálculos y la geopolítica se impone en el espacio. Colombia no puede quedar fuera de la conversación.
La Luna plantea dos grandes desafíos. El primero consiste en convertirla en un escenario que permita sostener la vida para usarlo como base de exploración y, más adelante, para quitar presión demográfica sobre nuestro planeta. El segundo apunta a extraer sus minerales para enviarlos a la Tierra y así producir riqueza para la productividad y aliviar presiones ambientales.
Luna llena desde el complejo de despegue 39B de la NASA, en Florida, en junio pasado. El Artemis I Space Launch System (SLS) y la nave Orion que se encuentra en la punta estaban siendo preparados para un ensayo en el marco de un proyecto que busca llegar —de nuevo— a la Luna
La vida en la Luna dependerá de la explotación in situ. El satélite no tiene atmósfera y su temperatura varía entre los -184 °C y los 214 °C. Los seres humanos necesitarán oxígeno para respirar, material para construir sus viviendas y cosechas para la alimentación.
La Agencia Europea del Espacio está planeando enviar una nave al polo sur del satélite para perforar en busca de hielo y químicos necesarios para sustentar la vida. Se necesita saber cuanto antes si es posible producir agua en la Luna.
La NASA, por su parte, lanzó un proyecto para desarrollar tecnologías que permitan la residencia y el trabajo en la Luna. Tiene tres componentes: la construcción de espacios de aterrizaje, la obtención de minerales del suelo y la creación de una electrónica nueva que pueda funcionar en el frío. Todo ello se deberá asegurar mediante una robótica más autónoma que la existente.
De la superficie lunar, una mezcla de polvo y rocas, se pueden extraer minerales con aluminio y calcio. Además, allí podría existir una reserva de platino más grande que la que hay en nuestro planeta. También habría hierro y titanio, y varios REM (Rare Earth Materials).
Los REM alimentan las tecnologías de punta. El helio-3, por ejemplo, podría servir como combustible para la fusión nuclear. Como es un gas casi imposible de encontrar en estado natural, se debe producir en laboratorio a un costo de 5.000 dólares litro. “Se estima que hay un millón de toneladas métricas de helio-3 incrustadas en la Luna”, afirmó Gerald Kulcinski, director del Instituto de Tecnología Fusión de la Universidad de Wisconsin-Madison. También se sospecha que varios asteroides, ricos en REM, podrían acarrearse a la Tierra para su perforación.
A medida que los costos de lanzamiento bajan y más multimillonarios orbitan la Tierra, la alianza científica Estado-sector privado se moviliza en torno a la minería espacial. Esta entrada en terra incognita en lo científico provoca nuevas preguntas jurídicas: ¿A quién pertenecen los recursos extraterrestres? ¿La propiedad queda adjudicada a quien llega primero? ¿Podrían otorgarse títulos de tenencia en el espacio?
LA CUESTIÓN PARECÍA RESUELTA
El Outer Space Treaty de 1967 constituye el pilar del derecho del espacio. Establece que “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”.
Pero el acuerdo no prohíbe la utilización del espacio ultraterrestre, “que deberá hacerse en provecho y en interés de todos los países”. En 1967, los términos de esta cláusula no plantearon las dificultades que suscitan hoy. No cabe duda que la extracción de recursos constituye un uso del espacio. No se permiten dueños, sí usufructuarios. Las potencias espaciales lograron un acuerdo en 1967 para obtener la ratificación porque la comercialización se percibía distante.
Doce años después, el consenso se rompió. El Tratado que gobierna las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, adoptado en 1979, no contó con el apoyo de Estados Unidos. No solo definía al espacio como patrimonio común de la humanidad, sino que, también, en varias cláusulas establecía la necesidad de repartir los beneficios de la exploración y del uso entre todos, “sea cual fuere el grado de desarrollo económico y científico”. A estas alturas, Estados Unidos comenzaba a visualizar la comercialización del suelo lunar.
En esta foto de 2017, el entonces presidente Trump habla con los astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Uno de los programas creados por su administración y que sobrevivió en la era Biden fue, precisamente, el Artemisa, relativo a la Luna. FOTOS NASA.
LO MÁS RECIENTE
En abril de 2020, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la promoción de la minería comercial en la Luna. El texto ataca el tratado de 1979 y dio origen al régimen Artemisa de la NASA.
Los Acuerdos Artemisa conforman un conjunto de principios que gobiernan la actividad en la Luna. Pretenden erigirse como la actualización del régimen multilateral vigente vía manifestaciones bilaterales no vinculantes que los países realizan junto con Estados Unidos para definir unas reglas básicas de exploración y explotación del espacio. Veinte países los firmaron hasta ahora, incluyendo Colombia, en mayo pasado. Las demás potencias espaciales —China, Rusia y la Unión Europea— no los han suscrito.
¿A quién pertenecen los recursos extraterrestres? ¿La propiedad queda adjudicada a quien llega primero?
Las líneas generales de Artemisa no son polémicas: exploración pacífica, transparencia, interoperabilidad, asistencia de emergencia, registro de objetos espaciales, publicación de datos científicos, preservación del patrimonio espacial ultraterrestre, recursos espaciales, prevención de conflictos en actividades espaciales y desechos orbitales. Pero, entre líneas, crea figuras que se asemejan a colonias en el espacio. No solo incentiva la explotación de recursos, sino la instauración de zonas de seguridad para las operaciones de actores estatales y no estatales. A cada conquistador, su pedazo de espacio; a cada empresa, su ganancia.
En 1967, el presidente Lyndon B. Johnson (a la derecha) observa la firma de un compromiso de no uso de armamento en el espacio exterior. Ese año se firmó el Outer Space Treaty, en el que se planteaban unas normas básicas para quien quisiera participar en la exploración espacial. FOTO GETTY IMAGES.
La Comisión Colombiana del Espacio, dirigida por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, es el órgano intersectorial conformado para orientar la ejecución de la política para el desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales. Según la vicepresidenta, las empresas aeronáuticas que la rodean han entendido el potencial de Artemisa, pero no tanto así las mineras. Las primeras están listas para indagar sobre el suministro de partes para las sondas, los cohetes y la robótica que serán enviados a la Luna.
Colombia tiene las puertas abiertas para hacer más en el espacio. El lanzamiento de cohetes espaciales cerca del Ecuador terrestre permite bien sea un ahorro considerable de combustible, bien sea un aumento de la carga. Los vecinos Brasil y Guyana cuentan con cosmódromos. No en vano, siete países ecuatoriales firmaron la Declaración de Bogotá en 1972 para reclamar soberanía sobre la órbita geoestacionaria. Está claro que dicho desafío al Tratado de 1967 fracasó. De hecho, Colombia solo ratificó este documento internacional en julio de 2021.
Colombia cuenta con cerca de 600 kilómetros de línea ecuatorial y el territorio nacional puede alojar un campo de lanzamiento, que podría convertirse en polo de innovación para la producción de tecnologías para el espacio. Si la Luna ha de ser privatizada, ¿por qué no soñar con formar parte del emprendimiento?
*Internacionalista colombo-uruguaya y directora de Lalineadelmedio.com
