¿Cómo enderezar el rumbo?

Apalancada por el consumo de los hogares, nuestra economía creció bien en 2021: 10,7 %. Pero eso no parece reflejarse en los indicadores sociales. ¿Existe realmente esa desconexión?

No necesariamente. Colombia ha tenido un crecimiento económico destacable en los últimos 20 años, en comparación con un grupo de pares similares en la región. A principios de este siglo, teníamos tasas de pobreza del 50 %, mientras que, antes de la crisis del COVID, llegamos al 27 %. Es decir, casi a la mitad. En términos de desempleo, en prepandemia registrábamos niveles cercanos al 10 %, cuando antes habíamos llegado al 13, 14 o 15 %. Y ni hablar de inflación: antes del año 1999, era común ver ese indicador por encima del 25 % año a año, cuando luego, previo a dicha crisis, la mantuvimos por debajo del 10 %. En ese largo periodo de mejoría, en efecto hubo una consonancia entre crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida.

Pero la crisis de la Covid-19 supuso un choque monumental, con su consecuente contracción en la actividad económica, y sobre la mesa aparecieron las vulnerabilidades que de verdad teníamos detrás de la estructura económica y social. Los avances, entonces, no eran tan consistentes ni tan sólidos, y la prueba es que con ese choque echamos para atrás casi todas las ganancias en pobreza, así como en otros frentes; el modelo resultó siendo bastante frágil.

Ahora bien, 2021 fue un año de recuperación económica, con crecimiento del 10,7 % —el tercero más alto de América Latina, después de Chile y Perú—, y aquí la cosa sí es cierta: ahora sí parece haber un desacoplamiento entre dicha mejoría y los indicadores de desempleo, que llegaron a un promedio de 13,5 % el año pasado. Es decir que la economía retornó a los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, pero con menos empleo.

Y eso es un problema gigante. De hecho, ocurrió igual en el primer semestre de este 2022: también se registró una recuperación importante de la economía, pero el desempleo persiste cercano al 12 %.

Parece irnos mal cada vez que nos comparamos con los promedios de la OCDE. ¿Cuáles son los países ‘pares’ con los cuales sí nos podemos mirar lado a lado?

Cuando están en el Gobierno, a muchos políticos no les gusta que se compare a Colombia con la OCDE. Y es que esa organización, realmente, es un club de países ricos: la gran mayoría tiene un ingreso por habitante sustancialmente más alto que el de Colombia —dos, tres, cuatro veces—. En esa esfera, los países pares de Colombia son los miembros en América Latina: México y Chile. Y cuando tú miras cualquier indicador —años de educación, ingreso por habitante, incidencia de pobreza, etcétera—, los que siempre aparecen peor son latinoamericanos, en parte, repito, porque nos estamos comparando con los más ricos. Si quisieras un análisis más amplio en el que se incluya al grueso en Asia y África, por ejemplo, pues Colombia no va a lucir tan mal. Sin embargo, yo sí creo que el ejercicio comparativo dentro de la OCDE es importante porque es aspiracional y le muestra a uno qué tiene que hacer para llegar a ser un país con mayor desarrollo económico y social.

De hecho, se dice que, en Colombia, se requieren 11 generaciones para pasar del 10 % más pobre de la población al promedio, mientras que en la OCDE este fenómeno se da, por lo general, en 4,5 generaciones. Ayúdenos a entender ese concepto.
En efecto, se trata de una trampa de pobreza. Pese a los avances, que son muy importantes, existe una estructura económica y social que replica la desigualdad: para la gran mayoría de personas es casi imposible moverse en términos de calidad de vida. Pero ojo: no estamos hablando en términos absolutos, pues hoy en día, una persona pobre vive sustancialmente mejor que una persona pobre hace 20 o 30 años, gracias a la cobertura en salud, que hoy es universal, así como a la de energía, a la oferta de agua potable y saneamiento básico, etcétera. El problema es la movilidad al interior de la sociedad: es probable que las personas pobres sean descendientes de las personas en esa franja de hace 30 o 40 años.

Algunas claves 

Existe desigualdad territorial, étnica, de género, de ingresos, de concentración en la tenencia de la tierra y propiedad inmobiliaria urbana, y de la riqueza financiera. Esto produce una extrema y prolongada inmovilidad social. Se propone, entre otras cosas, universalizar la educación inicial así como evaluar y formar docentes de colegio; fortalecer los campos educativos en relación con su pertinencia y establecer un currículo nacional base de referencia para competencias transversales. También reformar el esquema de contribución a seguridad en salud y pensión, crear un seguro de desempleo que no dependa de las contribuciones del empleado —para ingresos bajos— y fortalecer la calidad y cantidad de servicios de economía del cuidado. Asimismo, crear una renta mínima de inclusión social para los hogares en condición de pobreza —para adultos mayores y menores de edad—.

EMPLEO 

Ustedes aducen que la tasa base de cotización para la seguridad social es inequitativa y, de hecho, regresiva para personas que ganan menos de un salario mínimo. ¿Por qué?

Para personas independientes o las que llamamos “cuentapropistas” —las que trabajan por su cuenta—, existe una barrera para el empleo formal en la manera en la que el Estado diseñó las contribuciones a la seguridad social en salud y en pensiones. Si esa persona gana un salario mínimo como independiente —un millón de pesos—, el Estado le dice: para que usted sea formal y cumpla con todas las regulaciones de ley, tiene que aportar casi un 30 % de su ingreso: exactamente $290.000. Pero fíjese: dada la base del 40 % sobre la cual se hacen los aportes a partir de cierto monto, son los mismos $290.000 que debe aportar un independiente que devenga $2 500.000 pesos. ¿Y el que gana $500.000 mensuales? ¡Lo mismo! Ese último no puede ser formal si no aporta más de la mitad de sus ingresos. No nos debería sorprender si, ante ese panorama, muchos colombianos prefieran no aportar. Y es que, en Colombia, la informalidad es del 63 %: más de 6 de cada 10 ocupados son informales, y la mayoría son independientes. Aparte, cerca de la mitad de los ocupados ganan menos de un salario mínimo. De manera que estamos ante un sistema supremamente excluyente. Nosotros proponemos reformar esas contribuciones a la seguridad social.

A principios de este Gobierno, una ministra generó polémica tras proponer lo del trabajo por horas. Ustedes parecen estar de acuerdo con esa apreciación. ¿O solamente se refieren a que se pueda cotizar con base en cualquier ingreso, de manera proporcional?

Exacto, ese es el punto. Y acerca del salario por hora le digo lo siguiente: eso existe en Colombia, sobre eso hay mucha confusión; a mí, de hecho, me pagan hora cátedra como profesor. El problema no es que no exista la modalidad, sino que no se pueda cotizar por menos de un salario mínimo. Es que, de los casi 22 millones de ocupados que tenemos actualmente, 11 millones ganan menos de esa cifra.

¿Pero cómo reporta uno ingresos menores que un salario mínimo, para poder aportar?

Es que esto quizá no le vaya a servir a los “cuentapropistas” que manejan una economía informal de subsistencia, vendiendo en la calle, por ejemplo. Pero en cambio sí a aquellos que pueden trabajar en sitios auditados, formales. Por ejemplo, una madre cabeza de hogar que tiene que cuidar a sus hijos y a la que una empresa le paga medio salario mínimo por medio tiempo.

Se habla de 22 millones de personas ocupadas en el país, pero el potencial es de 39 millones. ¿Cuáles sectores podrían emplear más y mejor? En otras entrevistas, usted ha insistido en el frente de la construcción...

En estrategias de corto plazo, sí creo que el sector de la construcción es preponderante, pero tiene el problema de tener un sesgo de género importante: la gran mayoría de ocupados de baja calificación en la construcción son hombres, por lo cual hay que trabajar por mayor equidad de género. Sin embargo, ese sector tiene muchas ventajas: es altamente demandante de empleo y, además, tiene lo que llamamos “encadenamientos productivos”, es decir, que mueve detrás de sí al comercio, al transporte, etcétera: a otros sectores. La política pública tiene un rol importante porque no estamos hablando únicamente de las edificaciones del sector privado, sino también de obras de infraestructura impulsadas desde el Gobierno y las entidades territoriales: vías, colegios, parques, hospitales, etcétera.

Ahora, pensando en el mediano y largo plazo, nosotros enfatizamos en otras cosas, por ejemplo en el tema de la educación. Se requiere de un cambio profundo en la forma en que el país está formando a sus jóvenes tanto en básica como media y profesional, porque existe un fenómeno grave: muchos jóvenes terminan en universidades o instituciones educativas de baja calidad y, cuando salen a buscar trabajo, se estrellan con la realidad de un mercado que está demandando cosas distintas, más transversales o más afines con el mercado productivo.

Ustedes, de hecho, promueven que se refuerce el plano de las carreras técnicas y tecnológicas...

Sí, totalmente. Pero ojo: fortaleciendo los sitios acreditados para ello. Es que si miras cuáles son los estudios de educación superior acreditados, 80 % de ellos son carreras universitarias, y no técnicas ni tecnológicas. Hay una falsa percepción de que lo que realmente importa es lo universitario y que el resto es como de segunda categoría. En Alemania, la gran mayoría de personas estudian carreras técnicas y tecnológicas, y tienen los dos pilares funcionando de manera paralela. 

Algunas claves 

Más del 10 % de la población económicamente activa sufre de desempleo. Además, casi 64 % de los ocupados son informales. Y más o menos la mitad de todos los ocupados devenga menos de un salario mínimo. Sin embargo, el trabajo formal es excesivamente más costoso que el informal, y tiene barreras, tanto para empleadores como para empleados. También existen grandes brechas de calidad, cantidad y pertinencia de la educación con respecto al mercado laboral. Se debe, entre otras estrategias, reformar ese esquema de contribuciones y crear un seguro de desempleo no contributivo.