El historiador santandereano Horacio Rodríguez Plata menciona la referencia que se hace sobre los yacimientos de petróleo, llamado por los españoles de la conquista de ‘brea o chapapote’, dada por el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en su obra Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, debido a los comentarios de dos de los compañeros de Gonzalo Jiménez de Quesada. El caserío de La Tora, habitado por los aborígenes yariguíes, fue denominado Barrancas bermeja, en 1536, por los acompañantes de Jiménez de Quesada debido a su color.

La fiebre del oro comenzó a mediados del siglo XIX en California y Suráfrica. La del ‘oro negro’ se inició en 1859 cuando se perforó el primer pozo en Pennsylvania. Aunque para finales del siglo XIX la economía mundial aún giraba alrededor de Inglaterra y Francia, Estados Unidos, por medio de su política de expansión extraterritorial y de la dominación del principal recurso energético de la industria moderna, el petróleo, se preparaba para la hegemonía mundial.
 

Un contexto de crisis

A mediados de 1898, el Estado colombiano vivió una crisis fiscal: el tesoro público estaba vacío, los ingresos por las rentas de las aduanas estaban embargados y la deuda contraída era de alrededor de 7 millones de pesos. Las obras públicas estaban paralizadas por falta de recursos, no se cubrían los gastos de funcionamiento, ni para pagar el sueldo a los empleados públicos, telegrafistas y personal militar. La estrategia aprobada por el Congreso para solventar el déficit fue la emisión de $10 millones de papel moneda por parte del Banco Nacional. Sin embargo, la crisis económica y fiscal se hizo insostenible en 1899, evidenciando la incapacidad del gobierno para manejar la situación y el orden institucional, lo que agudizó las críticas a las políticas fiscales y monetarias y las pugnas políticas.

Para inicios del siglo XX los productos de exportación: añil, algodón, cacao habían declinado y la quina y el tabaco no tenían mayor peso dentro de la economía nacional. Por el contrario, el café se convirtió en el primer renglón de exportación gracias a la colonización de las vertientes, impulsando la economía. A su vez, Colombia salía del conflicto de la guerra de los mil días (1899-1902).

El gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) asume las consecuencias de las crisis económica, fiscal y política de la guerra por lo que inicia una ardua labor política encaminada a la reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos, tensionadas por la segregación de Panamá, para mejorar las inversiones de éstos en Colombia. También trabajó con el fin de aplacar la pugna entre las alas de las directrices de los partidos liberal y conservador con propensión belicista.

Comienzo de la exploración petrolera

Con Rafael Reyes se dictan las primeras reglamentaciones en materia petrolera. La Ley 30 de 1903, artículo 5º, expresa que: ‘Ningún contrato que el gobierno celebre para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de asfalto y petróleo o gas natural perteneciente a la misma, será válido sin la aprobación del congreso₁’.

Sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Nacional de 1886 facultaba al ejecutivo para legislar cada vez que lo estimara necesario. Situación que utiliza Reyes para que con base en el decreto número 34 de 1905 asumiera facultades ‘para otorgar privilegios en la construcción de canales, explotación del lecho de los ríos y canteras, depósitos de asfalto y aceites minerales… Los contratos que el poder ejecutivo celebre en virtud de las autorizaciones que por este decreto se le confieren, no necesitan de la formalidad de licitación pública ni de posterior aprobación del Cuerpo Legislativo…’₂. Este acto permitió el otorgamiento de las primeras concesiones. Es así como el 16 de octubre de 1905 se otorga al general Virgilio Barco, la concesión que lleva su nombre; y a Roberto de Mares, de quien Reyes era padrino de matrimonio, otra en la zona media del río Magdalena cercana a Barrancabermeja, el 5 de diciembre del mismo año, con lo que se inicia formalmente la industria petrolera.

La Concesión de Mares

Al comenzar el siglo XX se estableció en Barranca José Joaquín Bohórquez, persona que se interesó por los manantiales petrolíferos. Su entusiasmo era tal que al viajar llevaba consigo muestras del petróleo crudo, para poder interesar a los comerciantes en la posible explotación de los yacimientos.

En 1905, Roberto de Mares se presentó a Bohórquez con una carta de la casa Pineda, Vargas y Compañía, de Barranquilla, para hacer negociaciones apoyado en el hecho de ser ahijado del presidente Reyes, para conseguir la concesión, acordando crear una compañía explotadora para repartirse entre los tres las utilidades eventuales. Sin embargo, el gobierno decretó la caducidad de la concesión debido a la carencia de recursos.

En la presidencia de José Vicente Concha (1914-1918) se accedió a la restitución de la concesión con el fin de ambientar entre los senadores y petroleros estadounidenses que el gobierno norteamericano ratificara el tratado Urrutia-Thompson suscrito en el gobierno anterior de Carlos E. Restrepo, en el cual los Estados Unidos ofrecía una compensación de US$25’000.000 como reparación material para Colombia por la separación de Panamá. Se concedió un plazo de hasta 18 meses para llevar a cabo la explotación. El 15 de junio de 1916 se levantó el acta de San Vicente de Chucurí, provincia de Zapatoca, Santander, en el sitio denominado ‘Las Infantas’, en la confluencia de los ríos La Colorada y Oponcito, ‘fue practicada una diligencia con el fin de declarar solemnemente iniciados los trabajos de explotación’. ₃ De Mares, a pesar de la simulación anterior sobre la explotación de petróleo, se ve precisado a ceder la concesión no sin antes intentar vendérsela a los norteamericanos interesados en su adquisición, y de haber sacado de la compañía concesionaria al descubridor del petróleo José Joaquín Bohórquez.

De Mares viajó a Estados Unidos para finales de la I guerra mundial cuando éstos consideraron ya que la dominación sobre las fuentes del petróleo era fundamental como estrategia geopolítica y estableció contactos con petroleros de Pittsburgh fundadores de la Tropical Oil Company de la Standard Oil de Nueva Jersey de John Rockefeller. La parte norteamericana se comprometió a lograr el traspaso de la concesión a su nombre y la aprobación por el gobierno adelantando 100.000 dólares de los 250.000 ofrecidos a De Mares, que sería la única suma adelantada en realidad porque el resto se pagó con la producción. La Tropical Oil emitió un millón de acciones que conforme a lo estipulado en el contrato 25.000 fueron para De Mares y sus intermediarios.

La revolución mexicana de 1917 consideró la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, en tanto que en Colombia se dictó el decreto 1255-bis sobre el derecho al subsuelo, lo que generó resistencia en la parte estadounidense. Es así como el cónsul de EE.UU. en Barranquilla solicitó la postergación indefinida de la ratificación del tratado Urrutia-Thompson en un cable al Departamento de Estado en Washington₄.

La Troco

El gobierno colombiano para no indisponerse con los Estados Unidos, por lo que estaba por aprobarse la indemnización de los 25 millones de dólares por Panamá, se precipitó al traspaso de la concesión caducada. En la notaria tercera de Bogotá, se firmó el 25 de agosto de 1919 la escritura por el ministro de obras públicas, Camelo Arango, en representación del gobierno, Roberto de Mares, en su propio nombre y como apoderado de Justo de la Espriella y compañía (en liquidación), y Marcelino Uribe Arango, como abogado de la Tropical Oil Company (ver ‘La industria petrolera en Colombia, concesiones, reversión y asociaciones’, Credencial Historia N° 49, enero 1994). Sólo en 1922 dio inicio a la producción la Tropical Oil Company - Troco de la Concesión de Mares en el Magdalena Medio.

Para la legislación petrolera, y para los conflictos con empresas extranjeras, 1928 fue un año decisivo, indica Germán Colmenares, tomando el ejemplo de la caducidad de la concesión Barco, al provocar una circular del Departamento de Comercio estadounidense que señalaba el fin de los empréstitos de ese país. Éste reproducía críticas acerca del despilfarro que se señalaban frecuentemente en los opositores al gobierno. Sin embargo, el efecto de una abrupta cesación de empréstitos dejaba la sensación bastante clara de que existía un vínculo muy estrecho entre las afirmaciones nacionalistas del gobierno en materias petroleras y algo que se interpretaba como una presión financiera. La situación produjo un alud de recriminaciones mutuas en los círculos del gobierno. Algunos reprochaban abiertamente la política del ministro de industrias y llegaban a la conclusión de que “sin petróleo no hay empréstitos”. Durante algún tiempo se mantuvo la ilusión que removido este obstáculo, la corriente de dólares volvería a renovarse.

Esta era, sin embargo, una impresión superficial. La crisis era en realidad mucho más profunda e iba a revelarse mucho más duradera₅. Era la gran depresión de finales de los veinte que obligó al cierre del crédito.
En el gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934) se expidió la Ley 37 de 1931 o ‘Ley del Petróleo’, ampliando las ventajas para las empresas extranjeras. Entre ellas las más sobresalientes fueron en relación con el régimen de regalías con el que estas compañías deberían de contribuir al país. Se fijó en 30 años el plazo para que fueran entregadas a la nación y la restitución de la concesión Barco a sus antiguos propietarios (Ver ‘La industria petrolera en Colombia’, Credencial Historia N° 151, julio 2002).

Conflictos laborales

Desde sus inicios la política petrolera del país ha cambiado según el gobierno, siendo fuente de confrontación entre los interesados en la exploración y explotación, Estado y particulares, compañías extranjeras e intereses nacionales, trabajadores y empresas, derechos y obligaciones laborales.

El primer gran conflicto laboral se presentó con el estallido de la huelga, el 8 de octubre de 1924, en Barrancabermeja por los trabajadores de la Troco como popularmente era conocida la empresa Tropical Oil Company debido al incumplimiento del convenio firmado entre el gerente y el ministro general Diógenes Reyes, en marzo de ese año.

El ‘pliego’ de los huelguistas planteaba dos aspectos fundamentales: aumento de salarios y retiro de empleados extranjeros y nacionales con altos cargos, señala Torres Giraldo. Al día siguiente la primera reacción en contra de los huelguistas es por parte del gerente de la Tropical Oil Company quien se inviste de juez colombiano y la declara ‘fuera de la ley’ el 11 de octubre de 1924. Estando el ministro Reyes en Barrancabermeja se presentó un enfrentamiento entre los huelguistas dirigidos por Raúl Eduardo Mahecha y el ejército. A su regreso a Bogotá Reyes, ‘declara que lo que ocurría en Barranca era un verdadero conato de revolución social’, al cual califica de ‘semana roja’, asimilándola a los movimientos populares de Barcelona y Buenos Aires para aquella época.

La huelga es controlada por la administración de Pedro Nel Ospina (1922-1926), sin embargo, esta no evitó que otros sectores económicos realizaran sus propias manifestaciones como las de los trabajadores bananeros, de los ferrocarriles y braceros del puerto de Santa Marta. Ante el auge huelguístico, el gobierno opta por la estrategia no sólo de recurrir a las fuerzas del Estado, sino también la de negociar al actuar en consonancia con la parte administrativa de las empresas y la presencia de los principales dirigentes de los trabajadores, como en la Juntas de Apulo, en noviembre de 1924.

Los acuerdos firmados en 1924 no se cumplieron, por lo cual se va a presentar otra huelga en enero de 1927 dirigida por Raúl Eduardo Mahecha y la Confederación Obrera Nacional, en la cual participaba Ignacio Torres Giraldo, acompañado de María Cano. La huelga logró ser controlada a través de un decreto de estado de sitio que trajo como consecuencia el apresamiento de sus dirigentes. Sin embargo, un año más tarde, se presentó otro conflicto de mayor amplitud, también en otra organización de ‘economía de enclave’ en la zona bananera del Magdalena.

Hacia Ecopetrol

El nombre de la primera compañía de petróleos en Colombia fue Empresa Colombiana de Petróleos S.A. denominada actualmente Ecopetrol S.A. como resultado de la reversión al Estado colombiano de la Concesión de Mares, el 25 de agosto de 1951. Ecopetrol asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company, cuando la actividad petrolera en Colombia comenzó en 1921, debido a la apertura del primer pozo en La Cira y la ulterior producción del Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, ubicado a unos 300 kilómetros al nororiente de Bogotá₆.

Bibliografía

1. Villegas, Jorge. Petróleo, Oligarquía e Imperio. 3ª. ed., Bogotá, El Áncora Editores, 1982, p. 16.
2. Ibid.
3. Ibid, p. 25.
4. Villegas, Jorge, Ibid, p. 54.
5. Colmenares, Germán. “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte’”en: Álvaro Tirado Mejía Nueva historia de Colombia i Historia Política 1886-1946 Bogotá, Editorial Panera, 1989, p. 264.
6. http://portal.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=32&conID=36271 Consultada 20/07/11