Si Francia reforma su Constitución para enfrentar el terrorismo, ¿qué pasará con los derechos civiles?

Con la Constitución francesa actual, ¿qué medidas puede tomar el presidente en este momento?

La Constitución de la Quinta República, de 1958, dice en su artículo 16 que, ante una amenaza grave e inmediata, en donde el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales pueda ser interrumpido, el presidente puede declarar un Estado de urgencia en el marco de esas circunstancias. Esos poderes excepcionales no son indefinidos. De hecho, el artículo 2 de la ley No. 55-385 del 3 de abril de 1955 –modificado en 1960–, que reglamenta el artículo 16, le permite al presidente fijar máximo un tiempo de 12 días de ese Estado de urgencia. Si pretende usar más tiempo, debe ser autorizado por el Parlamento, que fijará el límite con una ley. Historicamente se ha usado en cinco ocasiones. Tres en temas relativos a la situación en Argelia en la década de los sesenta; una en 1984, en el caso de la Nueva Caledonia; y, la última, en 2005, por la existencia de disturbios en los suburbios banlieue de París.

¿Qué pide Hollande?

Él tiene unas facultades muy restrictivas. Entonces, lo que va a solicitar al Parlamento es una ley que le extienda esas facultades derivadas del Estado de urgencia. Del mismo modo, busca una reforma a la Constitución de 1958 porque siente que las facultades no son suficientes para enfrentar lo que se viene.

¿Qué consecuencias tendría la reforma?

Hay que ver cuál es la reforma que él va a presentar. Ya anunció la facultad de suprimir la nacionalidad de aquellas personas que tiene doble nacionalidad. Esto quiere decir que aquellos franceses que tienen otra nacionalidad y que estén participando activamente en términos de amenaza al Estado francés, podrán ver su nacionalidad retirada, lo que significaría básicamente expulsión del territorio. Eso no lo permite actualmente la Constitución francesa.

Además, se va a plantear todo lo relativo a la inteligencia del país, que permitirá, entre otras, interceptaciones telefónicas sin autorización judicial previa, lo que compromete una serie de derechos fundamentales. En el fondo, es una especie de Patriot Act a la francesa, como la estableció Bush después de los ataques del 11 de septiembre.

¿Cuánto tiempo tomaría la realización de esa reforma?

Esto depende del debate político que se genere, ya que se comprometen ciertos derechos fundamentales o libertades públicas, como se define en el mundo jurídico francés. Creería que en el primer semestre del próximo año ya habría una ley constitucional -nombre técnico de las modificaciones constitucionales-. El procedimiento establece que el Parlamento tiene 6 semanas entre el depósito del proyecto de la proposición del proyecto de ley constitucional y su discusión en la plenaria, sin que el gobierno pueda proponer un procedimiento acelerado de aprobación. Luego, un plazo de 4 semanas entre la transmisión del texto aprobado de la Asamblea nacional al Senado. Esta sería la modificación No. 20 de la Constitución de 1958.

¿El Estado de urgencia qué permite hacer en este momento?

De todo. Interceptar comunicaciones, detener gente sin orden judicial previa, allanar casas sin orden judicial previa, poner micrófonos en los carros, en las casas, limitar, suspender incluso la aplicación del habeas corpus. En fin, va a haber una cantidad de medidas que son muy peligrosas en el marco de un Estado de derecho. Creo que es uno de los grandes dramas que puede traer esto y es que, entendiendo lo que se está viviendo, va a haber una reacción muy violenta por parte de los organismos de inteligencia franceses. Pero recordemos, el Estado de urgencia tiene una vigencia de 12 días, luego Hollande debe promover una ley ante el Parlamento.

¿Hasta qué punto los franceses serán solidarios con estas medidas?

En la medida en que se sientan inseguros, creo que va a haber un clarísimo apoyo por parte del pueblo frances. Esto lo que va a llevar es a una especie de construcción xenofóbica contra musulmanes en Francia. Recordemos que en Francia hay más de 5 millones de ciudadanos que tienen esa opción religiosa.

La consecuencia política próxima es que se puede generar un giro hacia la derecha, que aprovecharía para regresar al poder. Nicolas Sarkozy o, en un caso extremo, Marine Le Pen estarían listos para eso.

Con medidas, como el despliegue de personal en la frontera, ¿qué pasará con la Unión Europea?

Si esto continúa así, se dará un paulatino desmantelamiento de ciertos aspectos de la UE por temas de seguridad. Es decir, la seguridad va a generar que los Estados comiencen a utilizar mecanismos para desmantelar las fronteras comunes y volver asumir el control por lo menos desde el punto de vista de seguridad.

Francisco Barbosa es doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia; profesor de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y columnista de El Tiempo y Ámbito jurídico.