La diáspora venezolana
El 20 de agosto de 2015 el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia a la altura de Táchira. Rápidamente la decisión se extendió a los estados Zulia, Apure y Amazonas. Desde ese momento las actividades binacionales quedaron paralizadas. Tres meses después, el 4 de noviembre, reabrió el paso. Sin embargo, para ese entonces a Maduro la diáspora ya se le había salido de las manos.
Por aire, tierra y trochas clandestinas, los venezolanos no migraban: escapaban de su país. Cientos de ellos ya habían comprado un tiquete de avión sin regreso, tomado un pasaje de bus o caminado a través de las carreteras que los alejaban de Venezuela hacia Colombia. Ese fue el caso de Gabriela Costa, colombo-venezolana, que en 2014 salió de su país embarazada, con un niño en brazos y de la mano de su esposo. “Tomamos la decisión a finales de mayo, y en julio ya nos habíamos mudado. Teníamos un dinero en Colombia, entonces llamé a mi primo y le dije que lo usara para comprar nuestros pasajes de avión. Como se dice en Venezuela: ‘viendo el payaso y soltando la risa’ ”, relata.
Pedro Meneses no tuvo la misma suerte de Gabriela, pero también logró huir. Vivía en San Cristóbal, capital de Táchira, uno de los estados opositores de Venezuela. Sin embargo, al inicio este ingeniero industrial no tenía la intención de llegar a Colombia. Como protesta, el 1° de julio de 2017 inició una caminata que pretendía reunir a la mayor cantidad de opositores hasta llegar a Caracas. En medio del camino, fue secuestrado por los ‘boliches’, una “especie de guerrillas o cuerpos afectos al gobierno que están armados. Ellos nos secuestraron y no nos dejaron seguir nuestro camino”. Luego de que pudiera escapar, llegó a Colombia. Un pasaje de bus lo separó de su vida y su familia en un abrir y cerrar de ojos. Aquí vive en una casa que le prestó algún colombiano, y en la misma condición viven 5 más. A veces desayunan a las 4 de la tarde y a veces no lo hacen. Pero aun así, Meneses se siente más seguro.
Por la misma época, exactamente el 22 de julio, Nicolás Maduro anunció por televisión que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela serían perseguidos y acusados por el delito de traición a la patria –que tiene una pena de 30 años–, que sus cuentas serían bloqueadas y sus propiedades congeladas, que no tendrían derecho a la defensa y que serían juzgados ante el Tribunal Militar. “Ese día yo pasé inmediatamente a la clandestinidad y una semana después crucé la frontera hacia Colombia”, recuerda Gonzalo Oliveros, uno de los 33 magistrados amenazados.
No obstante, ninguno de estos casos puede resumir en uno solo la situación de cada migrante en este lado de la frontera. Ni de quienes están en las terminales de transporte sin saber qué hacer porque no tienen dinero, ni de quienes viven en apartamentos de tres habitaciones y comparten cama con 5 o 6 más. Tampoco de quienes esperan días o semanas en las salas de urgencias de los centros médicos ni de quienes se turnan para vender dulces o contar su historia en los sistemas de transporte masivo.
Las cifras hablan por sí solas
El éxodo de venezolanos hacia Colombia empezó a tomar forma en el 2002, cuando apareció el paro petrolero por el cierre de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). En uso de su mandato, el entonces presidente de ese país, Hugo Chávez, eliminó el trabajo de cerca de 20 mil empleados de esa empresa. Pero solo en 2012 se empezó a hablar de un éxodo masivo. Para ese entonces, según datos de Migración Colombia, 261.343 venezolanos habían cruzado la frontera. Tres años después, en 2015, la cifra ascendió a 329.478.
Durante un año –entre 2015 y 2016–, Nicolás Maduro volvió a cerrar la frontera. Sin embargo, una vez se dio la reapertura, el 13 de agosto de 2016, y en respuesta a las necesidades de control del flujo migratorio de venezolanos que llegaban a las ciudades más cercanas a conseguir víveres y medicinas, creó la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, un documento que se diligenciaba a mano. Antes de ese suceso, los venezolanos que se movilizaban en las zonas de integración fronteriza no necesitaban ningún documento para entrar a Colombia, solo a quienes querían llegar al interior se les exigía el pasaporte.
Este modelo duró poco menos de un año y fue modificado por la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, o TMF, que está vigente hoy y permite una permanencia de 7 días dentro del territorio colombiano. El cambio se produjo para dinamizar las solicitudes, lo que permitió la descarga por internet. La creación de la TMF ayudó al gobierno a conocer más en detalle esa migración pendular –que entra y sale de Colombia constantemente o que usa al país como un lugar de paso para llegar a otros países vecinos– en la frontera colombo-venezolana. Durante los primeros 4 meses, este documento tuvo 14 millones de registros entre ingresos y salidas de ciudadanos venezolanos. Para diciembre de 2017, más de un millón de personas la habían obtenido.
Pese a que la Tarjeta de Movilidad Fronteriza es un documento que permite una entrada controlada, otros venezolanos que ingresaron con su pasaporte y excedieron los 90 días permitidos en Colombia, se convirtieron en irregulares. Para ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Permiso Especial de Permanencia, mejor conocido como PEP. Este documento se convirtió en una solución temporal, a la que podían acceder quienes habían ingresado al país antes del 28 de julio del 2017 y lo hubieran hecho a través de un puesto de control autorizado en donde se hubiese sellado su pasaporte. El trámite para solicitar el documento venció el 31 de octubre de 201. Migración Colombia calculó que alrededor de 236.000 venezolanos accederían a este. Sin embargo, hasta el 20 de noviembre de 2017 la cifra cerró en 68.734 migrantes. El 7 de febrero de 2018 se reabrió la plataforma de inscripción, pero única y exclusivamente para los ciudadanos venezolanos que se encuentren actualmente dentro del país y que hayan ingresado a Colombia antes del 2 de febrero por un Puesto de Control Migratorio formal, sellando su pasaporte.
Pero del 31 de octubre en adelante, el éxodo no ha cesado y tampoco la agonía burocrática para conseguir el pasaporte venezolano. Este último trámite se ha convertido en un imposible, porque el sistema del Saime –Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela– ha imposibilitado el acceso a la prórroga de dos años que decretó el gobierno de ese país para quienes tienen su pasaporte vencido hace máximo dos años o está próximo a vencerse. Además, el Servicio ha suspendido las citas para quienes quieran solicitar uno nuevo.
Julio Naranjo, venezolano, cuyo pasaporte está próximo a vencerse, ha entrado a la página del Saime y el sistema permanece en mantenimiento. Naranjo se levanta todos los días a hacer lo mismo: entrar a la página y tratar de conseguir la prórroga. Pero, para su desdicha, el cobro de 100 dólares que vale el proceso se hace efectivo en su tarjeta de crédito, la prórroga no.
“Con medidas como el PEP –que tiene una permanencia de 2 años y debe ser prorrogado cada 3 meses– hubo un primer paso de acercamiento y de recepción de una migración. Pero también fue un ‘pañito de agua tibia’ mientras miramos qué hacer con este problema. El PEP era necesario, pero hay mucha gente que se quedó por fuera”, afirma María Clara Robayo, internacionalista y coordinadora del grupo UN Migraciones, un proyecto de la Universidad Nacional.
Estos problemas han hecho que la migración irregular aumente. Muchos venezolanos han llegado a Colombia únicamente con su cédula, sin ningún sello de algún puesto migratorio. Las travesías por trochas y caminos peligrosos que hacen los migrantes en busca de escapar de la crisis de su país, o como forma de regresar a este sin ser vistos, se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
En zona de frontera ahora existen fenómenos como el de los ‘coyotes’, quienes les ayudan a pasar. “Hay presencia de grupos armados que se lucran de la situación y empiezan a hacer parte de redes de tráfico de migrantes. Como una mafia entre la guardia fronteriza venezolana y grupos específicos de los wuayú. Similar a pasar la frontera entre México y Estados Unidos. Parece peligroso, pero puede ser más terrible pasar por el puente Simón Bolívar porque mucho de lo que uno tiene lo decomisan. Si Estados Unidos no puede con México, pues Colombia menos con Venezuela”, agrega Robayo.
Para el 23 de octubre del año pasado, 170.000 venezolanos habían sido registrados por Migración Colombia que ingresaron por pasos no autorizados, es decir, irregulares. El número, sin embargo, es solo un aproximado. Como en cualquier migración, la cifra exacta es casi imposible de establecer.
“El flujo de personas va a continuar y, en la medida que siga creciendo, los venezolanos van a llegar con mayores problemas de salud, de desnutrición y de otra serie de vulnerabilidades. La situación de irregularidad no les va a impedir el paso. Van a buscar otras formas de llegar al país. Esa es la realidad, que no pueden obviar las autoridades colombianas. Si esto sigue así, va a convertirse en una crisis humanitaria. Colombia necesita apoyo de la comunidad internacional, porque no es una situación fácil y menos para un país que tiene una serie de problemas y retos propios”, comenta Christian Visnes, director del Consejo Noruego para los Refugiados.
Una vez en Colombia, ¿qué?
El trabajo informal, la educación y la crisis en salud son los tres temas más apremiantes de este éxodo. Julio Alberto Sáenz, asesor de despacho del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó a REVISTA CREDENCIAL de qué manera los venezolanos que llegan al país están siendo atendidos en los diferentes puestos de salud. Además, expuso el panorama al que se enfrenta Colombia en materia de salubridad.
Sáenz afirma que es necesario dividir este fenómeno migratorio en cuatro grupos poblacionales. El primero corresponde a los colombianos que regresaron al país en 2015, cuando el gobierno venezolano decidió deportar a cerca de 22 mil personas que regresaron con familias mixtas. Para ellos el Estado creó, en ese año, una vía rápida, expedita, para que se vincularan directamente al régimen subsidiado y pidió que los incluyeran en una EPS sin que se les hiciera encuesta de Sisbén. Los integrantes de una familia tienen que hacer los trámites correspondientes para regularse. “Conformado el núcleo familiar, estos grupos entran a hacer parte del sistema general de seguridad social en salud, que es, de entrada hay que decirlo, la mejor condición para disfrutar del derecho a la salud”, agrega el asesor.
Quienes tienen el PEP gozan prácticamente de todos los derechos de un colombiano. Al emplearse, tienen derecho a que los afilien al sistema de seguridad social, aportan a salud, pensión, caja de compensación, etcétera. Por tanto, tienen derecho a afiliar a sus beneficiarios. Si son independientes, pueden solicitar que los afilien al régimen subsidiado si cumplen los requisitos de estratos 1 y 2, y también afiliar a las personas que conforman su núcleo familiar. “Hay un grupo que no está en capacidad de pagar, pero tampoco es lo suficientemente pobre –explica Sáenz–. Esas personas son responsabilidad del departamento o distrito en donde viven como población pobre no afiliada, como si fuera población colombiana, con la precisión de que es temporal”.
Para quienes portan la TMF no hay un derecho, en materia de salud, más allá del que se le otorga a un ciudadano extranjero cuando viene al país: la atención de urgencias para que se resuelva una situación que ponga en riesgo su salud física o funcional.
El cuarto y último grupo es el que más apremia al país: los migrantes irregulares. A la luz de la normatividad colombiana, el Estado está obligado a garantizarles la atención de urgencias. A partir de este problema, el MinSalud creó el Decreto 876 de 2017, que tiene dos objetivos principales. El primero es darle un alcance más amplio al concepto de ‘urgencias’ y lo convirtió en ‘urgencias resolutivas’. “Eso no quiere decir que estamos en la posibilidad ni en la obligación de garantizarle atención integral al ciudadano extranjero que esté en situación irregular. A la luz de la normatividad colombiana, no es posible garantizar atención integral como si fuera un colombiano”, comenta el asesor. Como segundo objetivo, se creó un sistema para que Colombia se abastezca de recursos que paguen las atenciones de urgencias a esta población.
La emergencia es creciente. En el 2015 se reportaron 1.475 atenciones. En el 2016 la cifra ascendió a 4.258. Y en 2017 fueron reportadas 19.615. Estas atenciones se concentraron principalmente en la región Caribe, con un 49%, incluida La Guajira; la región Andina, incluida Bogotá, con 24%, y la región de Oriente, que incluye Norte de Santander y Arauca, con 23%.
Las imágenes de venezolanos durmiendo no solo en las terminales de transporte sino en los pasillos de urgencias de los diferentes puestos de salud han pululado en los medios de comunicación. La crisis humanitaria ha despertado brotes epidémicos, como sarampión, malaria o difteria, que habían sido erradicados.
El éxodo también trajo consigo a cientos de niños que buscan un cupo en algún colegio de Colombia. Según el Ministerio de Educación, “sin perjuicio de las normas migratorias, las instituciones educativas del país deben tener en cuenta que cuando el estudiante no tiene ningún tipo de identificación válido en Colombia, el establecimiento educativo deberá registrarlo con el Número de Secretaría (NES) –que se asigna provisionalmente en el sistema integrado de matrículas SIMAT– establecido por la Secretaría de Educación”. Sin embargo, los padres de familia deben comprometerse a realizar todos los trámites necesarios ante las oficinas de Migración Colombia para legalizar su situación en el país.
El 31 de diciembre pasado, Migración Colombia publicó la más reciente cifra de venezolanos que permanecen en territorio colombiano: 552.494. Algunos duermen en carpas alrededor de las terminales, otros tuvieron la suerte de acomodarse en apartamentos compartidos, muchos esperan ser hospitalizados en cualquier centro de salud y otros se turnan para limpiar los vidrios de carros en los semáforos de las ciudades. Lo cierto es que el acento venezolano cada vez es más común en las calles de cualquier región de Colombia. Venezolanos que alegan la falta de políticas públicas para acogerlos y que, aunque saben que Colombia fue un primer paso para escapar de la crisis de su país, nunca estuvieron preparados para emigrar.
Las cifras son alarmantes. Sin embargo, según fuentes de la Cancillería de Colombia, “hablar de un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos no sería correcto. Si bien las cifras de entrada y salida de nacionales de este país al territorio colombiano son altas, se mantienen dentro del promedio sin que se evidencien picos significativos”.
*Publicado en la edición impresa de diciembre de 2017 y modificado para su divulgación en www.revistacredencial.com
