AMLO asume oficialmente la presidencia de México
Cuando el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, subió a la tarima estalló en júbilo la multitud que abarrotaba los 46.800 metros cuadrados de la Plaza del Zócalo, en el corazón de Ciudad de México. Una hora antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) había anunciado que, según el conteo rápido –que analiza una muestra de cerca de 7.700 actas de votación– el izquierdista sería el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Arropado por los gritos de ‘sí se pudo’, que recordaban los intentos infructuosos por quedarse con la Presidencia en 2006 y en 2012, López Obrador se dirigió a sus simpatizantes para asegurarles que no les decepcionará: “No quiero pasar a la Historia como un mal presidente, conozco lo que han hecho todos los presidentes, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, y quiero pasar a la Historia como un buen presidente de México”.
Ahí está puesta la esperanza de los mexicanos, y de nada valieron las campañas de los tradicionales Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) en contra del candidato López Obrador, a quien comparaban con Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano. Pesó más la credibilidad del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.
El candidato de izquierda arrasó al conseguir el 53,19% de los votos, frente al 22,27% del PAN, y al 16,40% del PRI, actualmente en el gobierno con Enrique Peña Nieto.
Corrupción y violencia, hasta el hartazgo
Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que las campañas en contra de AMLO, como se le conoce también al nuevo Presidente, no funcionaron, no solo porque no presentaron ningún elemento novedoso, sino porque el candidato moderó su discurso. “En el escenario poselectoral de 2006, él optó por encabezar la protesta en contra de los resultados electorales, lo que hizo que mucha gente confirmara sus sospechas de que su vía era radical. Pero en 2012, su actitud no fue así, aceptó los resultados, y en los años siguientes se dedicó a construir una narrativa que ofreció mucha certidumbre a los votantes de centro”, señala.
Para la politóloga María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa, organización mexicana dedicada a la investigación de los partidos políticos y de los derechos humanos, el descalabro de los otrora imperantes PRI y PAN evidencia una crisis de vieja data. “Si se tienen partidos políticos sin asidero ideológico, sin aglutinamiento de propuestas concretas y sin una democratización en su interior, por supuesto que eso iba a reventar”. En su opinión, esta situación se sumó a que el electorado se hartó del abuso de poder y de la corrupción.
Y es que pese a que la corrupción hace parte de la historia del país, el sexenio de Peña Nieto ha estado más que ‘salpicado’ por las acusaciones que esta vez alcanzaron, incluso, a la familia presidencial. Una investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló que Angélica Rivera, la primera dama, compró una mansión por 7 millones de dólares a una empresa que había tenido contratos con el Estado de México cuando su esposo fue gobernador. El escándalo, conocido como ‘el caso de la casa blanca’, reveló un presunto conflicto de intereses que fue investigado por las autoridades, que finalmente determinaron que no existió.
“En los últimos 20 o 25 años –dice Puente– las acusaciones de corrupción nunca habían tocado las puertas de la familia presidencial de manera fehaciente, con pruebas tan contundentes como las que presentó la investigación de Carmen Aristegui. Eso asoció el tema de la corrupción directamente a la familia presidencial, y no solo al gobierno o al PRI. Eso hizo la diferencia. Aun cuando Peña Nieto enarbolara políticas de combate contra la corrupción y acusaba a distintos funcionarios, no contaba con la credibilidad para hacerlo. Esto sin contar que luego de la investigación se hizo una campaña en contra de Aristegui y su equipo de investigación, lo que confirmó las sospechas de que sí se había tocado un nervio sensible del Gobierno”.
Consultados sobre las asignaturas pendientes que inclinaron la balanza en las urnas, los analistas coinciden en que, además de corrupción, violencia y desigualdad, los electores les pasaron factura a los partidos que dominaron las escena política mexicana desde 1946.
Recuentos de la prensa del país aseguran que durante el gobierno de Peña Nieto se han registrado más de 104.000 casos de homicidio y más de 19.000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Según los analistas consultados, la explicación de estas cifras está fundada en el hecho de que el gobierno del PRI no optó por cambiar la estrategia de seguridad y combate contra el crimen organizado, heredada del PAN, que incluye la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y vigilancia en las calles, entre otras.
“Debido a la nula capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos se presentaron violaciones de derechos, no solo a quienes formaban parte de las organizaciones criminales, sino a la población civil de las zonas en donde se implementaban los operativos”, dice Khemvirg Puente, analista de la UNAM.
Clamores de igualdad y justicia
De acuerdo con cifras oficiales, el 43,6% de los mexicanos vive en la pobreza, mientras que el 7,6% lo hace en condición de pobreza extrema. Estas cifras contrastan con los datos que apuntan a que la economía mexicana creció 2,0% en 2017, pese a los embates internacionales. “Aparentemente no estamos mal –dice la directora de Visión Legislativa–. El gran problema, que además es silencioso, es que en este último sexenio se incrementó la deuda de manera gigantesca”. María del Carmen Nava no exagera. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que va de gobierno de Peña Nieto la deuda pública federal ha crecido 69,75%, el mayor incremento del que se tenga registro desde 1990.
Por su parte, el profesor Puente considera que la desigualdad no es más que el efecto directo de la política económica implementada durante los últimos 30 años. “Esta política no ha ‘ido de la mano’ de las reformas necesarias para combatir la brecha que existe derivada de la concentración de la riqueza en México. Y precisamente esta es una de las principales banderas que tiene el proyecto que ofrece AMLO”, explica.
Entre otras, Lopez Obrador prometió que durante su gobierno el país crecerá alrededor del 4%, algo que para Nava, aunque suena muy bien, no parece del todo realizable. “Ojalá se dé, porque eso es lo que quiero para mi país, pero durante la campaña el proyecto ‘Verificado 2018’, que entre otras analizó las propuestas de los candidatos, dijo que las más inviables económicamente hablando eran justo las de AMLO”.
La realidad mexicana parece un espiral en el que cada uno de los retos se causa y alimenta entre sí. De hecho, según Nava, es precisamente la desigualdad y la pobreza las que alimentan el narcotráfico, así como la lucha contra el crimen organizado es la causa de la violencia generalizada, que a su vez mantiene en colapso el sistema de justicia que no consigue operar, lo que redunda en el incremento de la impunidad.
Desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó la guerra contra el crimen organizado, en México se han registrado más de 240.000 asesinatos, se suman 30.000 desaparecidos y es poco el avance en las investigaciones. De ahí que el analista Khemvirg Puente diga que uno de los grandes enigmas es saber quién es el responsable de esos crímenes. Según él, la Procuraduría no cuenta con suficientes recursos para investigar las muertes ocurridas en estos años. “En el discurso del gobierno de Calderón –dice Puente– siempre se reiteró la idea de que los muertos eran daños colaterales de una lucha legítima en contra del ‘narco’, y que los caídos, muertos y desaparecidos, en su mayoría o casi en su totalidad, tenían algún vínculo o estaban relacionados con esta actividad. Sin embargo, esto era altamente irresponsable porque nunca ha sido probado, hay miles de familias que tienen a desaparecidos entre sus integrantes y no reciben ninguna respuesta del Gobierno, ni de ninguna autoridad”.
Uno de los casos más famosos es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, del que todavía los mexicanos no tienen certeza sobre si la investigación –que según las autoridades ha conseguido la detención de al menos 111 exfuncionarios y delincuentes– se ha realizado con imparcialidad y autonomía técnica y política. Tanto así que el pasado 4 de junio un tribunal ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para este caso.
Hace cuatro años, a través de una reforma constitucional, se creó la Fiscalía General para investigar y perseguir los delitos federales. Pero aún no está funcionando por falta de trámites legislativos, pese a la presión de la sociedad que exige un organismo que garantice la independencia y los resultados que no ofrece la Procuraduría.
Entre sus propuestas más novedosas, López Obrador promovería una ley de amnistía, que se pondrá en consideración de varios comités de la sociedad civil y expertos, para pacificar al país. “No sé si esto sea efectivo como una estrategia general de pacificación y de reconciliación nacional –dice el profesor Puente–. La amnistía tendría que ser un instrumento, pero no es el fin en sí mismo. Dependiendo de cómo lo presente el Gobierno podría ser un incentivo, pero hasta ahora la propuesta no está clara”.
La directora de Visión Legislativa dice que para afrontar la violencia, la desigualdad y la impunidad, el Presidente electo deberá pasar del discurso a la acción: “Los grandes retos que tendrá el nuevo gobierno serán: traer la paz, pero con certidumbre y gobernanza, con la posibilidad de hacer alianzas e incorporar las decisiones públicas a la pluralidad de actores que existen y teniendo una propuesta muy integral de cómo va a reducir la inseguridad en el país. Debe tener una propuesta económica sustentable, que vaya más allá de la redistribución de recursos a través de subsidios, y apoyar la creación de una Fiscalía autónoma”.
A diferencia de Colombia, en donde el presidente se posesiona menos de dos meses después de haber resultado electo, México verá a López Obrador convertirse en presidente solo hasta el 1º de diciembre, 6 meses después de su triunfo en las urnas, tiempo suficiente para que la cotidianidad termine por afectar las prioridades de su agenda. Sin embargo, desde ya, y hasta el fin de su mandato, por allá en 2024, el verdadero reto de quien se promovió como el líder de la transformación será cumplir con su promesa en El Zócalo: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Amanecerá y veremos.
