23 de septiembre del 2019
 
Arcabucero, atambor y pífano, del arma de infantería, 1560. Archivo Palafox, Zaragoza.
Octubre de 2016
Por:
Fernando Mayorga García

LAS MILICIAS EN LA COLONIA

Soldados de la conquista y las administraciones de "capa y espada" 

La primera expedición colombina se organizó a costa de la Corona, con indudable carácter militar. Entre Colón y los Reyes Católicos se acordaron las Capitulaciones de Santafé para establecer su mutua relación. El descubridor recibía los cargos de almirante, virrey y gobernador. Más tarde, además, el de capital general de la Armada. Las gentes que lo acompañaban tenían el carácter de soldados, lo que siguió configurando una constante en los procesos de descubrimiento y conquista.

La ocupación del espacio americano quedó desde sus inicios sometida a la dirección del Estado, pero la realización, que por lo general implicaba el empleo de la fuerza armada, se confiaba a particulares que actuaban a nombre de los reyes y, más tarde, bajo su dirección. Sobre estas bases se organizó durante el siglo XVI la conquista indiana. Felipe II regularizaría el sistema por medio de sus Ordenanzas Reales para Nuevos Descubrimientos, Poblaciones y Pacificaciones, de 1573.

Infante español en 1808. Archivo Palafox, Zaragoza

 

Durante todo el siglo XVI se llevaron a cabo numerosas capitulaciones entre la Corona y particulares, en las que se concedían a estos determinados poderes, variables para cada caso, convirtiéndose el capitulante en funcionario, por lo general con carácter civil y militar: gobernador, adelantado y capitán general. Esta investidura estaba condicionada, sin embargo, a la realización de la empresa o, cuando menos, a su iniciación en el Nuevo Mundo. Dentro de este perfil militar la capitulación determinaba la región donde debía de actuarse, muchas veces con la imprecisión propia del desconocimiento geográfico del lugar de referencia, las facultades que se concedían al caudillo y el número de personas que había de llevar consigo y que él se comprometía a reunir.

Del asiento entre capitán y soldado nacía una relación no exclusivamente militar, como tampoco lo era la hueste que se organizaba, pero sí era este su acento preponderante. Tenía un carácter aleatorio: el soldado se comprometía a contribuír con su vida y su servicio militar al logro de la empresa incierta. Si esta fracasaba, no obtenía beneficio alguno. Si triunfaba, eran posibles la gloria, la riqueza, la prestancia representada en oficios, encomiendas, tierras, participación en el botín o repartimientos de indios. Esto último explica las protestas que surgieron cuando la Corona prohibió esta institución o la privó de su contenido provechoso y carácter hereditario.

Se deduce, pues, que la capitulación tenía ciertos rasgos medievales, ya superados o en vía de superación en la Península, lo que produjo en breve el choque por sus características de privilegio y particularismo, entre las prerrogativas de la Corona y las aspiraciones del estado llano de los colonizadores.

Resulta visible que los ejércitos surgidos de las capitulaciones produjeran el dominio de las Indias. No obstante, terminada en cada caso la empresa, los improvisados guerreros se transformaban en propietarios, agricultores o encomenderos, para gozar del fruto de sus esfuerzos y asentarse en las fundaciones de villas y ciudades que iban apareciendo en toda América. Esta metamorfosis se logró merced a la nueva institución de la encomienda.

Al establecerse la Real Audiencia en el Nuevo Reino de Granada, subsistió el sistema militar basado en las responsabilidades castrenses de los encomenderos, entregándose el manejo de las materias militares al conjunto de los oidores, lo que produjo una serie de dificultades que sólo fueron superadas cuando se concedió al primer Presidente efectivo, Andrés Díaz Venero de Leiva, la facultad de gobernar el Nuevo Reino de Granada sin intervención de los oidores, lo que constituía el otorgamiento de la plenitud de las responsabilidades tanto gubernativas como militares.

El que un togado manejara las materias militares entró en crisis a principios del siglo XVII, cuando, tras el fallecimiento del presidente Francisco de Sande, el rey Felipe III determinó que fuera remplazado por un "caballero de capa y espada". La decisión del monarca implicó un fuerte enfrentamiento con el Consejo de Indias, que era partidario de que continuara al frente de los destinos del Nuevo Reino un abogado, tal vez por no considerar el alarmante incremento de ataques de corsarios y filibusteros en el Caribe, la guerra que libraban los indígenas del mismo nombre, los obstáculos que Carares y Yariguíes colocaban a la navegación, las luchas de los Panches, Paeces y muy especialmente los Pijaos, que causaban una interferencia con la Audiencia de Quito.

En 1604, Felipe III decidió adjudicar los títulos de presidente, gobernador y capitán general a don Juan de Borja, señalando en el primero de ellos que, hasta nueva orden, se concederían estos oficios a caballeros de capa y espada que reunieran las condiciones requeridas. Así fue a todo lo largo del siglo XVII, en que el territorio de la Nueva Granada (con la única excepción de Dionisio Pérez Manrique, que a pesar de ser aragonés llegó a la presidencia del Nuevo Reino en virtud de complicadas maniobras en las Cortes de Aragón, en las que Felipe IV tuvo que ceder a la presión de sus vasallos de esta zona) fue gobernado por militares.

El siglo XVIII vio el nacimiento de una gran potencia naval, Inglaterra, y la necesidad de España de continuar la estrategia defensiva de siglos anteriores. Era la poseedora del territorio y debía defenderlo. Lo primero que perdió España fueron las Antillas Menores, tras lo cual caerían las Guayanas en manos de ingleses, franceses y holandeses, reduciendo el espacio caribeño español. Para contrarrestar todas estas amenazas, la Corona optó por un sistema de puertos fortificados que mantuviesen un polígono protector y un conjunto de bases para sus naves de guerra y de transporte.

Oficial militar de la Colonia. Album del Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, ca. 1791. Biblioteca del Palacio Real, Madrid. Facsímil en la Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá.

 

Dentro de ese polígono, Cartagena de Indias vino a convertirse en el baluarte más poderoso del sistema defensivo español. Contribuían a ello las defensables características de su bahía, clausurada en Bocagrande y custodiada por castillos fuertemente artillados en Bocachica, aparte de la gruesa cadena de hierro con que se cerraba la estrecha abertura de ingreso hacia el puerto amurallado, cuyo sistema de bastiones y castillos, perfeccionado con los siglos, se tornó prácticamente invulnerable, como vino a demostrarlo la defensa ante la poderosa escuadra del almirante Sir Edward Vernon.

Los cambios introducidos por el advenimiento de los Borbones beneficiaron al Nuevo Reino de Granada, que fue elevado a la jerarquía de virreinato por diversas razones, entre las cuales las de orden militar tuvieron especial importancia, en particular el victorioso asalto del barón de Pointis, en 1697, que probó la vulnerabilidad de Cartagena. A este primer virreinato, que duró apenas seis años (1718–1724), siguió uno segundo a partir de 1739, cuando se sabía que Inglaterra intentaría tomar de nuevo la principal plaza fuerte de España en el Caribe: Vernon fue derrotado en una lucha que tuvo como su héroe más afamado a Blas de Lezo, que en ese momento contaba con nuevas disposiciones legales (Reglamento para la guarnición de la Plaza de Cartagena de Indias, Castillos y Fuertes de su jurisdicción, y las Ordenanzas sobre deserción, de aplicación en todos los reinos de América) y fuerzas terrestres en número de 6.600 hombres a las que había que sumar la artillería y las naves de guerra ubicadas en la bahía.

Todos los reyes del siglo XVIII se preocuparon por la creación y perfeccionamiento de un ejército de tipo defensivo: se suponía que la amenaza para España vendría siempre por el mar y en contra de Cartagena. Sin embargo, los sucesos de la rebelión de los Comuneros, debida en parte al intento de aplicación de una nueva política de organización administrativa y fiscal, demostró a España que las circunstancias habían cambiado y que se hacía necesario implementar en la capital del virreinato, así como en Quito, Guayaquil y Panamá, una estructura militar que hasta entonces no se había concebido como necesaria. Esta tarea correspondió al único virrey no militar de la serie iniciada con Sebastián de Eslava, al arzobispo Caballero y Góngora, quien la describió de la siguiente manera: "En el pasado, cuando la guarda de las provincias del interior, la administración de justicia y la autoridad de los ministros del Rey descansaba en la fidelidad del pueblo, las fuerzas militares se concentraron en las provincias marítimas. Pero una vez la inestimable inocencia original se perdió, el gobierno necesitó y los vasallos leales desearon el establecimiento de cuerpos militares para perpetuar el orden y la tranquilidad." Evidentemente, las cosas habían cambiado, y muchos de quienes iban a ser más tarde los creadores de un orden nuevo, militaron inicialmente en los ejércitos que España hubo de crear para tratar de defender sus enormes territorios americanos.